\nA finales de 2021, los campesinos de Sumalo, un pueblo de la provincia filipina de Bataan, obtuvieron finalmente sus t\u00edtulos de propiedad de 214 hect\u00e1reas de tierra despu\u00e9s de tres d\u00e9cadas de lucha contra Riverforest Development Corporation, una empresa propiedad de la familia Litton. A lo largo de los a\u00f1os, los Litton -una familia de ascendencia europea de Manila que amas\u00f3 su fortuna en la industria textil- han utilizado sus conexiones con pol\u00edticos regionales y locales, la polic\u00eda y los medios de comunicaci\u00f3n para acosar y criminalizar a los campesinos de Sumalo y socavar as\u00ed su movimiento de resistencia. Este conflicto agrario con Riverforest<\/a> es una de los muchos casos en Filipinas donde los campesinos, las comunidades ind\u00edgenas y otros movimientos sociales son criminalizados por resistirse a las empresas y a los proyectos de desarrollo estatales.
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![\"<img](\"https:\/\/webelongtotheland.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Sumalo-Philippines-Editada-3x2-1-300x200.png\")
Familias campesinas en Sumalo \/ \u00a9 Focus on the Global South<\/p><\/div>\n[\/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][vc_column_text max_width=”750″]\n
La lucha de la comunidad campesina de Sumalo por el derecho a la tierra\u00a0<\/b><\/p>\n
La lucha por la tierra de la comunidad campesina de Sumalo comenz\u00f3 en 1979, cuando la familia Litton adquiri\u00f3 214 hect\u00e1reas<\/span><\/a> de tierra donde viv\u00edan tras pagar una m\u00edsera suma al gobierno del difunto dictador Ferdinand Marcos, que dio luz verde a la reconstituci\u00f3n de los t\u00edtulos de tierra. Tras tal caso de acaparaci\u00f3n de tierras, los campesinos de Sumalo recurrieron al Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en Filipinas \u2014creado en 1988 para contrarrestar las desigualdades sociales, pol\u00edticas y econ\u00f3micas del campo filipino\u2014 para impugnar las reclamaciones de propiedad de los Litton.<\/p>\n Sin embargo, en 1995, el gobierno anunci\u00f3<\/span><\/a> la creaci\u00f3n de la Ecozona de Bataan<\/span><\/a>, una Zona Econ\u00f3mica Especial que permitir\u00eda utilizar estas tierras con fines industriales. Ante la nueva posibilidad de desarrollo industrial, los Litton iniciaron una batalla legal contra los campesinos. Los Litton solicitaron una exenci\u00f3n de la CARP y pidieron la conversi\u00f3n del uso de la tierra. Estos procedimientos duraron m\u00e1s de una d\u00e9cada, hasta que en 2007 el Tribunal Supremo fall\u00f3 a favor de los Litton.<\/p>\n Con este respaldo legal, los Litton, operando a trav\u00e9s de la sociedad Riverforest Development Corporation (RDC), empezaron a vallar parcelas de tierra de uso agr\u00edcola y a instalar grupos de seguridad privada armados para impedir que los campesinos accedieran a sus tierras. Sin tierra para sostener la familia, algunos campesinos abandonaron la regi\u00f3n. Otros se quedaron, aunque resistir signific\u00f3 enfrentarse a continuas amenazas, abusos f\u00edsicos, acoso, coacci\u00f3n, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.<\/p>\n Para debilitar la resistencia de los campesinos , Riverforest tambi\u00e9n utiliz\u00f3 t\u00e1cticas legales para criminalizar a los campesinos. Los Litton presentaron varias causas penales contra dirigentes campesinos con acusaciones muy diversas: desde cargos menores como vejaci\u00f3n injusta, abuso verbal, allanamiento de morada y robo (supuestamente ocurrido cuando los campesinos cosechaban productos agr\u00edcolas); hasta cargos penales inventados como secuestro, destrucci\u00f3n de propiedad privada y posesi\u00f3n ilegal de armas de fuego. Varios l\u00edderes que tambi\u00e9n trabajaban como funcionarios del gobierno local fueron acusados de delitos administrativos como faltas graves, corrupci\u00f3n y abuso de autoridad. Estos incidentes condujeron a la detenci\u00f3n y encarcelamiento de dirigentes del movimiento. Tambi\u00e9n perpetuaron un ciclo interminable de miedo e intimidaci\u00f3n en la comunidad.<\/p>\n Jos\u00e9 Laysa sufri\u00f3 acoso por intentar acceder a la tierra que labraba. \/ \u00a9 Focus on the Global South<\/p><\/div>\n <\/p>\n Debido al conflicto agrario, Riverforest no pudo llevar a cabo ning\u00fan proyecto\u00a0 <\/span>de desarrollo importante en la zona. De acuerdo con las normas de conversi\u00f3n de tierras, la incapacidad para crear desarrollo en la regi\u00f3n puede dar lugar a que una propiedad sea objeto de adquisici\u00f3n obligatoria mediante el CARP. As\u00ed, en 2013, los campesinos de Sumalo, ahora organizados bajo la Organizaci\u00f3n de Agricultores y Residentes Unidos en Barangay Sumalo (SANAMABASU en sus siglas en filipino) presentaron una solicitud para que se aplicara la reforma agraria en esas tierras. En 2019, la Oficina del Presidente (OP) fall\u00f3 a favor de la comunidad campesina de Sumalo.<\/p>\n Una vez m\u00e1s, Riverforest respondi\u00f3 con criminalizaci\u00f3n, intimidaci\u00f3n y acoso. En 2019, un joven l\u00edder campesino muri\u00f3 de un disparo<\/span><\/a> durante un altercado con uno de los guardias de seguridad de Riverforest. La empresa tambi\u00e9n aprovech\u00f3 la pandemia del COVID-19 para establecer m\u00e1s puestos de control, lo que restringi\u00f3 a\u00fan m\u00e1s los movimientos de la comunidad. Adem\u00e1s, Riverforest puso en marcha una estrategia en los medios de comunicaci\u00f3n y en redes sociales utilizando sus conexiones personales para cambiar la narrativa sobre el conflicto y acosar a los l\u00edderes a trav\u00e9s de trolls.<\/p>\n Por otra parte, se presentaron nuevos cargos penales falsos contra dirigentes clave del movimiento. La empresa tambi\u00e9n logr\u00f3 obtener una decisi\u00f3n favorable de los tribunales locales para expulsar a las familias agricultoras de sus parcelas residenciales en la zona, alegando que la decisi\u00f3n de la OP s\u00f3lo abarca las tierras agr\u00edcolas y no las zonas residenciales. En mayo de 2021, Riverforest demoli\u00f3 varias casas de la zona respaldados por la orden judicial.<\/p>\n En octubre de 2022 tuvo lugar otra demolici\u00f3n violenta de 53 casas, que desplaz\u00f3 a 73 familias y expuls\u00f3 a beneficiarios de la reforma agraria debidamente identificados. Varios miembros de la comunidad, incluidos los que se resistieron a la demolici\u00f3n, resultaron heridos por los guardias privados de Riverforest. SANAMABASU subraya que se trat\u00f3 de una maniobra estrat\u00e9gica de Riverforest para sofocar las reclamaciones de tierras de la comunidad basadas en la reforma agraria.<\/p>\n Finalmente, el Departamento de Reforma Agraria (DAR) tramit\u00f3 los t\u00edtulos gubernamentales de la totalidad de las 214 hect\u00e1reas tras la decisi\u00f3n del PO a favor de la cobertura de la reforma agraria y negando las reclamaciones legales de Riverforest sobre las tierras. A pesar de esta victoria, los campesinos de Sumalo siguen siendo criminalizados y el miedo reina en la comunidad mientras el Estado no garantiza los derechos humanos m\u00e1s b\u00e1sicos de los campesinos.<\/p>\n En julio de 2022, nueve dirigentes campesinos, ocho de ellos mujeres y cuatro ancianos, fueron acusados de estafa sindicada, castigada con cadena perpetua. El 21 de febrero de 2023, las autoridades dictaron la orden de detenci\u00f3n, oblig\u00e1ndoles a evacuar temporalmente sus hogares. Finalmente, el 8 de marzo, en el D\u00eda Internacional de la Mujer, las l\u00edderes campesinas decidieron “entregarse” a las autoridades para hacer valer su leg\u00edtimo derecho a la tierra.<\/p>\n <\/p>\n Valla establecida por la Riverforest Corporation Development \/ \u00a9 Focus on the Global South<\/p><\/div>\n[\/vc_column_text][vc_column_text max_width=”750″]\n Criminalizaci\u00f3n de comunidades campesinas e ind\u00edgenas y disidencia generalizada<\/strong><\/p>\n En <\/span>Filipinas, la criminalizaci\u00f3n de la disidencia est\u00e1 muy extendida<\/span><\/a> y es especialmente preocupante en las zonas rurales y los territorios ind\u00edgenas, donde los conflictos por la tierra son cada vez m\u00e1s frecuentes. Estos conflictos surgen de las luchas agrarias contra el acaparamiento de tierras, la captura de recursos naturales por parte de empresas para realizar proyectos de desarrollo y la ocupaci\u00f3n estatal y militar de estos territorios.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de 2021 de Global Witness<\/span><\/a>, Filipinas se ha clasificado sistem\u00e1ticamente como el peor lugar de Asia para los y las defensores\/as de la tierra y el medio ambiente, con 270 activistas asesinados\/as entre 2012 y 2021. La mayor\u00eda de estos asesinatos (80%) estaban relacionados con protestas contra empresas vinculadas principalmente a la industria minera, seguida del sector agroindustrial. El 40% de estos cr\u00edmenes se dirigieron contra Pueblos Ind\u00edgenas que defend\u00edan sus tierras y territorios.<\/p>\n Los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en Filipinas son la punta sangrienta del iceberg de una campa\u00f1a sistem\u00e1tica de las \u00e9lites econ\u00f3micas y pol\u00edticas para criminalizar la disidencia y las luchas por la tierra. Estas campa\u00f1as, como en el caso de la familia Litton contra la comunidad campesina de Sumalo, incluyen todo tipo de t\u00e1cticas para desmantelar los movimientos sociales, incluyendo acoso e intimidaci\u00f3n, da\u00f1os a la propiedad, demandas penales y civiles, prolongadas batallas legales, acoso en redes y humillaci\u00f3n p\u00fablica y, en el peor de los casos, violencia, desapariciones y asesinatos.\u00a0<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, las acciones extralegales van acompa\u00f1adas de un alto grado de impunidad. Global Witness sospecha que las fuerzas del Estado est\u00e1n detr\u00e1s de la mayor\u00eda de los asesinatos que han documentado. El ej\u00e9rcito y la polic\u00eda cometen violaciones de derechos humanos con escasa rendici\u00f3n de cuentas. Las instituciones estatales, incluido el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, son d\u00e9biles, ineficaces y est\u00e1n sobrecargados.<\/p>\n Por otra parte, las empresas han contado hist\u00f3ricamente con la complicidad de las \u00e9lites nacionales y locales y de las autoridades gubernamentales. Desde que el presidente populista y autoritario Rodrigo Duterte lleg\u00f3 al poder en 2016, las acciones de las corporaciones se han visto respaldadas por un conjunto de leyes dise\u00f1adas para acabar con la oposici\u00f3n<\/span><\/a> y socavar los movimientos de resistencia popular.<\/p>\n <\/p>\n Protesta contra el acaparamiento de tierras en Filipinas. \/ \u00a9 Astrud Lea Beringer<\/p><\/div>\n[\/vc_column_text][vc_column_text max_width=”750″]\n La Ley Antiterrorista: la base jur\u00eddica para criminalizar la disidencia<\/strong><\/p>\n Una de las leyes m\u00e1s controvertidas del mandato de Duterte fue la Ley Antiterrorista (ATA en sus siglas en ingl\u00e9s) de 2020. La ATA ha sido la ley m\u00e1s cuestionada<\/span><\/a> en la historia de Filipinas, con 37 peticiones presentadas por diferentes grupos y personas ante el Tribunal Supremo. En su mayor\u00eda, los grupos de derechos humanos argumentan que la definici\u00f3n de “terrorismo” en la ley es vaga y excesivamente amplia, lo que permite una aplicaci\u00f3n arbitraria y deja la puerta abierta a posibles abusos. De este modo, cualquier discurso cr\u00edtico puede ser castigado por incitar al terrorismo si as\u00ed lo considera el gobierno.<\/p>\n Adem\u00e1s, la ley antiterrorista viola el derecho constitucional al debido proceso. La ley permite al Consejo Antiterrorista (CTA) autorizar la detenci\u00f3n y encarcelamiento de sospechosos hasta 24 d\u00edas, incluso sin orden judicial. Esto invierte esencialmente el principio de presunci\u00f3n de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. De hecho, el primer caso conocido en el que se aplic\u00f3 esta ley fue contra dos personas del Pueblo Ind\u00edgenas Aeta de la regi\u00f3n de Luz\u00f3n Central que fueron detenidos en agosto de 2020<\/span><\/a> por pertenecer supuestamente al brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (PCF). Tras permanecer encarcelados casi un a\u00f1o, durante el cual libraron la batalla legal, finalmente fueron absueltos por el tribunal porque result\u00f3 que se trataba de un caso de “confusi\u00f3n de identidad”.<\/p>\n Para hacer frente a la lucha abierta que Duterte tiene contra los grupos comunistas rebeldes, se aprob\u00f3 la Orden Ejecutiva (OE) n\u00ba 70 y se cre\u00f3 un Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC en sus siglas en ingl\u00e9s). El incremento de la presencia militar se ha traducido en un aumento de las amenazas. Clasificar a personas como comunistas o terroristas a menudo sin pruebas sustanciales bajo la etiqueta de rojo se ha convertido en un componente clave de las t\u00e1cticas del gobierno para desmantelar a la oposici\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n![\"<img](\"https:\/\/webelongtotheland.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Jose\u0301-Laysa-Sumalo-Farmer-Philippines-3x2-1-300x200.png\")
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Para acabar con la resistencia, Riverforest utiliz\u00f3 todo tipo de t\u00e1cticas para criminalizar al movimiento campesino, desde acoso y coacci\u00f3n hasta falsas acusaciones penales<\/h4>\n<\/blockquote>\n
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Filipinas ha sido clasificado sistem\u00e1ticamente como el peor pa\u00eds de Asia para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, con 270 activistas asesinados\/as entre 2012 y 2021<\/h4>\n<\/blockquote>\n
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La Ley Antiterrorista vulnera el derecho constitucional a tener garant\u00edas procesales e invierte esencialmente el principio de presunci\u00f3n de inocencia hasta que se demuestre lo contrario<\/h4>\n<\/blockquote>\n
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