Los acaparamientos de tierra aumentan para eliminar carbono y compensar emisiones, lo que provoca desplazamientos, conflictos y la financiarización de la naturaleza

Las mujeres indígenas y rurales del estado brasileño de Acre han experimentado cómo los planes de conservación forestal basados en el mercado socavan sus modos de vida y su capacidad para cuidar de sus ecosistemas. El programa REDD+ fue introducido por las autoridades estatales, donantes y grandes grupos conservacionistas con la promesa de combinar una mejor protección de los bosques con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de proporcionar ingresos y otros beneficios a las comunidades rurales. Sin embargo, el programa ha provocado más acaparamiento de tierras, deforestación y extracción, al tiempo que ha destruido los medios de vida tradicionales de las comunidades, así como sus sistemas agrícolas y alimentarios. En lugar de aumentar la protección jurídica de los derechos de tenencia de las comunidades indígenas y las mujeres rurales, ha colocado su vida, sus cuerpos y sus territorios en los mercados. En todo el mundo, las comunidades se enfrentan a una enorme expansión de los proyectos de compensación de carbono de bosques y suelos impulsados por los objetivos “cero neto” de los Estados y las empresas en el contexto de la “economía verde”. Las Directrices de Tenencia contienen disposiciones que apoyan las luchas de las mujeres indígenas y rurales por sus derechos, autodeterminación y formas de vida, que son fundamentales para la protección de los ecosistemas frente a las crisis climática y de biodiversidad.

Las promesas incumplidas de los programas REDD+

El estado de Acre, situado en la parte occidental de la Amazonia brasileña y cubierto en un 80% por bosques, inició en 2012 un proyecto en el marco del programa REDD+ (Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal). El proyecto, financiado por el banco de desarrollo alemán KfW, se promovió entre los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales como una forma de convertir las prácticas de gestión forestal medioambiental en oportunidades económicas y nuevos medios de subsistencia. Entre 2012 y 2020, el KfW, responsable del programa alemán REDD ‘Early Movers’ , invirtió más de 25 millones de dólares en el proyecto. El programa pronto se convirtió en un modelo de protección del medio ambiente mediante pagos a los usuarios de los bosques que a cambio adoptasen prácticas que contribuyan a la conservación de los denominados servicios ecosistémicos, concretamente la captura de carbono de los bosques.

Pero mientras ministros y representantes de instituciones internacionales y grandes ONG conservacionistas se volcaban en la región para ver la fórmula que supuestamente conciliaba el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los beneficios climáticos, la realidad para las comunidades locales resultó ser muy distinta. De hecho, los beneficios prometidos no se materializaron. Es más, los proyectos crearon nuevos problemas, especialmente para las mujeres.

En primer lugar, la introducción de los proyectos REDD+ no fue acompañada de una demarcación sistemática de las tierras comunitarias como base para la protección jurídica de sus derechos y sistemas de tenencia. Además, aunque sí se materializaron beneficios financieros, en la mayoría de los casos éstos no se quedaron en las comunidades, sino que beneficiaron a agentes externos que actuaron como intermediarios o que crearon oenegés en las ciudades para gestionar el complejo sistema de contabilidad del carbono en el que se basan los pagos de REDD+. Para poder recibir parte de los beneficios económicos, algunos miembros de las comunidades empezaron a crear sus propias organizaciones, pero esto se hizo a costa de alterar el tejido social y fragmentar las comunidades.

La población local también se ha quejado de la falta de participación efectiva en el diseño y la gestión de los proyectos. Las mujeres indígenas fueron especialmente discriminadas e invisibilizadas, según sus propias organizaciones. En algunos casos, las mujeres fueron objeto de cursos especiales de formación en lo que las organizaciones locales han denominado “purplewashing”, es decir, la utilización de actividades centradas en la igualdad de género como forma de dar una cara más responsable a los planes de compensación, que promueven modelos de relación con la naturaleza que en sí mismos son patriarcales y excluyentes.

Unos niños de una comunidad indígena juegan en el río Amazonas. /  © Toni Arnau – RUIDO Photo

El establecimiento y la ejecución de los proyectos REDD+ en Acre alteraron fundamentalmente las formas de vida de las comunidades y socavaron su autodeterminación y su soberanía alimentaria. Por ejemplo, se informó a las comunidades de que se les pagarían las llamadas “subvenciones verdes” con la condición de que dejaran de talar o quemar árboles, como parte de su modo tradicional de producción de alimentos a pequeña escala en el bosque. De este modo, los proyectos les prohíben seguir con sus medios de vida tradicionales, vinculados a abrir parte de los bosques para producir alimentos. Considerando que estas prácticas se basan en conocimientos tradicionales y se llevan a cabo respetando los equilibrios naturales, abandonarlas significó que las comunidades empezaron a comprar la mayor parte de sus alimentos, e incluso pasaron a depender de donaciones de alimentos industriales. La pérdida de sus prácticas alimentarias ha venido acompañada de un deterioro de la nutrición y también ha supuesto una enorme pérdida cultural, ya que las mujeres dejan de transmitir a las generaciones más jóvenes los conocimientos ancestrales relacionados con la producción agroecológica de alimentos.

En algunos casos, además de recibir subvenciones por no talar ningún árbol, se incluyó a las comunidades en programas de re/forestación. En estos programas, se distribuían plantas de semillero a la población local para plantarlos. Sin embargo, sin ningún apoyo adicional, estos programas resultaron ser una carga para las comunidades, que ya estaban luchando con los múltiples retos derivados de los proyectos.

La pérdida de los lazos tradicionales dentro de las comunidades, su relación con el entorno vital, que condujo a la destrucción de los medios de subsistencia y al empobrecimiento de muchas personas, acabó obligándolas a buscar otras formas de ganarse la vida. Mientras que algunos empezaron a parcelar la tierra y a venderla, otros empezaron a vender madera, aumentando así la deforestación, en lugar de reducirla. La pérdida de sus bosques afectó especialmente a las mujeres, que a menudo buscaban medios de vida relacionados con el uso de productos forestales, como plantas medicinales o el uso de enredaderas para la artesanía. De hecho, las mujeres rurales de Acre y otras partes de Brasil suelen practicar el “extrativismo”, que se refiere a un modo de vida tradicional definido por la recolección de productos forestales no madereros, a menudo en combinación con la agricultura de subsistencia. Un ejemplo es la extracción de látex de los árboles de caucho que crecen en el interior del bosque.

La destrucción del tejido social de las comunidades y de sus modos de vida tradicionales también ha provocado una migración a las ciudades. Una vez más, las mujeres y las niñas se han visto especialmente afectadas. En muchos casos, la única forma que tienen de ganarse la vida es dedicarse a actividades ilícitas o vender sus cuerpos para su explotación.

El establecimiento y la implementación de los proyectos de REDD+ en Acre alteraron fundamentalmente las formas de vida de las comunidades y socavaron su autodeterminación y soberanía alimentaria.

Árbol talado en una zona deforestada de la Amazonia brasileña. / © Toni Arnau – RUIDO Photo

Conservación financiada frente a gestión forestal comunitaria

En el centro de la desposesión y la pérdida de autonomía a la que se enfrentan las mujeres y las comunidades rurales de Acre se encuentra una contradicción fundamental entre dos enfoques distintos de la protección de los ecosistemas y, por último, una forma totalmente distinta de relacionarse con la Naturaleza. Por un lado, REDD+ representa un paradigma de conservación que considera los seres humanos y la Naturaleza por separado y se basa en una lógica de dominación y explotación. Por otro lado, las prácticas de gestión de los Pueblos Indígenas y otras comunidades tradicionales se basan en una comprensión holística de las interdependencias entre las sociedades humanas y su entorno natural, y no conciben que la principal función de la Naturaleza sea el bienestar humano. Para las comunidades forestales, el cuidado de los ecosistemas es parte integrante de sus actividades de subsistencia, incluida la producción de alimentos. Esta concepción se expresa muy bien en la importancia atribuida al árbol Samaúma, como explica Letícia Yawanawa, líder indígena de Acre:

“Nuestra Samaúma, según nuestra historia, según nuestra espiritualidad, es un árbol muy grande en medio del bosque, por eso la llamamos mujer, significa fruto, significa sombra, es la más grande de todas. Ahora las cosas están peor porque con los árboles siendo talados, madera que creció durante 40, 50 años siendo cortada en pocos minutos, es muy triste para nosotros ver esto.

Si la Samaúma fuera una mujer que pudiera hablar, estaría llorando, estaría gritando cuando se llevan a sus hijos. Con eso vienen las sequías, que afectan a la gente de nuestras tierras porque nuestras tierras están rodeadas de gente que ni siquiera conocemos. Los animales acaban abandonando ese lugar deforestado, los igarapés [nombre que se da en la región amazónica brasileña a un arroyo que desemboca en un río] se secan, al igual que los ríos del otro extremo. Como mujer indígena, veo esto con mucha tristeza”.

El enfoque de las mujeres “indígenas” sobre los ecosistemas en Acre y en otros lugares es diametralmente opuesto a las prácticas de conservación y restauración centradas en especies únicas y en economías de escala, y que excluyen en lugar de incluir a la población local. En Brasil, ha llevado a criminalizar las prácticas tradicionales de las mujeres, como la producción de artesanía con madera de caixeta. La protección de este árbol estaba dirigida a limitar la extracción insostenible para la producción (industrial) de artículos de lujo, que sí es un problema real. Sin embargo, la forma en que se introdujo la prohibición de la extracción mediante “estaciones ecológicas”, es decir, zonas de uso muy restringido, ha quitado a las mujeres y a las comunidades rurales importantes formas de expresión cultural y una fuente de ingresos, así como ha expulsado y criminalizado las comunidades.

El caso de Acre ilustra bien varios problemas adicionales de REDD+. Uno de los principales es que el programa no aborda las causas reales de la deforestación (como la expansión de la agricultura industrial y otras actividades extractivas), sino que se centra en prácticas comunitarias supuestamente destructivas. Además, el diseño del programa no permite establecer un vínculo causal claro entre su aplicación, la reducción de la deforestación y los resultados climáticos.

Mientras que los promotores del programa hacen hincapié en que los llamados “pagos basados en resultados” están vinculados a una reducción medible y verificable de las emisiones, el complejo sistema de contabilidad del carbono se basa en cifras medias de deforestación en todo el estado de Acre, sin contemplar la situación en un lugar específico. Es más, la supuesta reducción de emisiones del proyecto se calcula sobre la base de supuestos hipotéticos de las emisiones que se habrían creado si el proyecto no existiera. De hecho, hoy en día las tasas de deforestación en Acre son muy superiores a las que había cuando comenzó el programa REDD ‘Early Movers’.

En el centro de la desposesión y la pérdida de autonomía a las que se enfrentan las mujeres y las comunidades rurales de Acre se encuentra una contradicción fundamental entre dos enfoques distintos de la protección de los ecosistemas y, por último, una forma fundamentalmente diferente de relacionarse con la Naturaleza.

Una pequeña isla boscosa en medio del río Amazonas. / © Toni Arnau – RUIDO Photo

Desposesión mediante compensación y especulación

El programa REDD+ en Acre muestra cómo la protección medioambiental y la mitigación del cambio climático se han convertido en un pretexto y un motor para el despojo de las personas de sus tierras, bosques y territorios. Un aspecto central es la financiarización de los territorios y las prácticas de gestión de los pueblos. De hecho, los “pagos basados en resultados” realizados a las comunidades por preservar los servicios ecosistémicos de sus bosques transforman las prácticas comunitarias en un servicio de pago. Además, el propio concepto de “servicios ecosistémicos” se basa en el supuesto de que la Naturaleza puede fragmentarse en unidades y procesos a los que se atribuye un valor monetario.

La financiarización de la Naturaleza es aún más pronunciada con los créditos de carbono que se negocian en los mercados de carbono. Compensar, o contrarrestar, las emisiones de gases de efecto invernadero en un lugar con la captura de carbono en otro lugar, como el Amazonas, también forma parte de REDD+ y es fundamental en los compromisos climáticos de las empresas.

En los últimos años, programas de compensación como REDD+ se han rebautizado como “soluciones basadas en la naturaleza” (SBN) o “soluciones climáticas naturales”. Estos programas se han convertido en un elemento central de las respuestas mercantilistas al cambio climático. Así se han incorporado a varios acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los gobiernos, las empresas de combustibles fósiles y otros sectores empresariales ya han adoptado las SBN en el contexto de sus compromisos de “cero emisiones netas”.

Para estos, representan una oportunidad de comprar su camino hacia las “emisiones netas cero” y la “pérdida neta nula de biodiversidad” a través de créditos de compensación de carbono y biodiversidad. El riesgo es que permiten y legitiman prácticas de extracción enormemente perjudiciales al estipular que pueden compensarse mediante la conservación o la forestación en otros lugares. Como tales, pueden fomentar más acaparamientos de tierras y violaciones de los derechos humanos, especialmente de los Pueblos Indígenas, los pequeños productores de alimentos y otras comunidades rurales.

Sin embargo, las pruebas indican que estos mecanismos no cumplen realmente las promesas realizadas. Investigaciones recientes demuestran que simplemente no hay suficiente tierra disponible para hacer realidad las promesas de “cero neto” hechas hasta ahora: los 1.200 millones de hectáreas de tierra que se incluyen en las promesas equivalen al tamaño de tierra necesaria para la producción de alimentos del mundo. Además, la mayor certificadora de créditos de carbono del mundo anunció recientemente que revisaría por completo su programa de compensación de la selva tropical, después de que los medios de comunicación revelaran que el sistema existente era defectuoso y que “más del 90% de sus créditos de compensación de la selva tropical no representan reducciones genuinas de carbono”. Al igual que los “pagos basados en resultados” de Acre, las compensaciones no tienen por tanto como objetivo principal alcanzar las metas medioambientales, sino que sirven para un lavado verde de prácticas destructivas y convierten la transformación de la crisis ecológica en otra oportunidad de negocio para los actores corporativos y financieros.

Otro célebre proyecto de compensación de carbono implementado en 1,9 millones de hectáreas de tierras de pastoreo indígenas en Kenia también ha sido objeto de críticas al alterar las prácticas tradicionales de las comunidades pastoralistas y luego suponer que estos cambios crean almacenamiento de carbono. Mientras que grandes contaminadores como Netflix o Meta (Facebook) han comprado compensaciones de carbono para seguir contaminando, a las comunidades indígenas, que son las menos responsables del cambio climático, se les pide que cambien su forma de vida mientras sufren además la prolongada sequía provocada por el cambio climático.

Por si no fuera poco, los mercados de carbono se integran cada vez más en el sistema financiero mundial. En octubre de 2021, la Bolsa de Nueva York creó una nueva clase de activos y acompañada por ‘empresas de activos naturales’ (NAC en sus siglas en inglés). Estas son sociedades especializadas que poseen “los derechos sobre los servicios ecosistémicos producidos en un determinado trozo de tierra, servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia”. Así, a pesar de presentarse como una forma de generar financiación para medidas de protección del medio ambiente, las NAC pretenden ser el centro de una mayor comercialización de la Naturaleza mediante la monetización de los “servicios ecosistémicos”, transformando así los procesos naturales en activos financieros cuyo valor se estima en 4.000 billones de dólares.

Además de las graves afectaciones a los derechos humanos de los sistemas de compensación como REDD+ y sus cuestionables beneficios para la protección de los ecosistemas, Amigos de la Tierra Internacional señala que las “soluciones basadas en la naturaleza” son un concepto tan vagamente definido que “amenaza con corromper y cooptar soluciones genuinas como la agroecología y la gestión forestal comunitaria (GFC) al agruparlas con prácticas dudosas y destructivas […] y vincularlas a sistemas opacos basados en el mercado”.

En los últimos años, programas de compensación como REDD+ se han rebautizado como “soluciones basadas en la naturaleza”, las cuales se han convertido en el centro de las respuestas mercantilistas al cambio climático.

Protesta contra los programas de REDD+ en la Reserva Extractivista Chico Mendes. / © World Rainforest Movement

La monetización de los ecosistemas socava el derecho a la tierra

Los REDD+ y otros sistemas de compensación afectan directamente al derecho a la tierra de los Pueblos Indígenas y otras comunidades rurales con sistemas consuetudinarios de tenencia. En primer lugar, mientras que los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales son instrumentalizados como proveedores de servicios para actuar como administradores de los ecosistemas, los actores estatales, empresariales y financieros obtienen el control efectivo sobre estos ecosistemas, incluyendo la tierra y los bosques. Incluso cuando esto no conduce al robo de tierras mediante “acaparamientos verdes”, los sistemas de compensación privan a las comunidades de la toma de decisiones sobre sus territorios. Un ejemplo de ello es la forma en que las comunidades de Acre se encontraron como extraños en sus propias tierras, porque ya no podían seguir con sus formas de vida y utilizar sus recursos naturales de acuerdo con sus conocimientos y prácticas tradicionales.

En segundo lugar, las compensaciones vinculan intrínsecamente la conservación en un lugar a la destrucción en otro. En consecuencia, los impactos adversos sobre el derecho a la tierra debidos a las actividades extractivas en esos otros territorios deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar los impactos sobre el clima y la protección de los ecosistemas. La experiencia de las comunidades de Acre con REDD+ demuestra que las economías “verdes” y “marrones” (extractivas) tienden a avanzar juntas, incluso en la misma región.

Según Sempreviva Organização Feminista:

“[Las economías verde y marrón] son dos caras de la misma moneda: cuanto más avanza la destrucción, mayor es la porción de tierra para iniciativas de compensación. Cuanto más escasea la naturaleza, mayor es el valor de los bonos verdes que la comercializan según la ley de la oferta y la demanda. En esta ecuación, los territorios y bienes comunes de las comunidades entran en los mercados financieros como garantía de estos bonos, y se convierten en meros activos.“

Las comunidades han descrito que las actividades extractivas han aumentado desde que comenzaron los planes de compensación, lo que ha provocado un aumento de la deforestación en lugar de su reducción. Esto se ve respaldado por las cifras oficiales de deforestación en el estado de Acre, el cual se ha convertido en el estado amazónico con más deforestación, y Brasil el país más desforestado a nivel mundial, lo que contradice directamente con los argumentos de los promotores de REDD+. Además, la destrucción de los ecosistemas en los últimos años se ha acelerado aún más por las malas políticas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro.

Brasil es también un buen ejemplo de cómo la legislación medioambiental al servicio de los intereses económicos y empresariales socava los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales, incluido su derecho a la tierra. El Código Forestal revisado de 2012 obliga a los terratenientes a conservar o restaurar la vegetación autóctona de un porcentaje de sus tierras, también les ofrece una alternativa: en lugar de restaurar los bosques talados ilegalmente, pueden comprar los llamados créditos de restauración forestal, que compensan la destrucción con la conservación en otros lugares. Por consiguiente, en las zonas donde los precios de la tierra son elevados y las prácticas destructivas lucrativas, estos créditos de restauración forestal permiten a los terratenientes seguir deforestando mientras adquieran créditos suficientes para compensar la destrucción. La principal función del Código Forestal es, pues, poner en el mercado las zonas conservadas. En otros casos, los propietarios corporativos e individuales han acaparado tierras intactas para cumplir la legislación relativa a las zonas intactas. Como es lógico, estas tierras y bosques suelen ser utilizados por los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales.

En zonas donde los precios de la tierra son altos y las prácticas destructivas lucrativas, los créditos de restauración forestal permiten a los terratenientes seguir deforestando mientras adquieran suficientes créditos para compensar su destrucción.

Carretera forestal en la Reserva Chico Mendes, donde se implementó REDD+. / © World Rainforest Movement

¿Cómo usar las Directrices de Tenencia para oponerse a las políticas de cambio climático basadas en el mercado?

Garantizar el derecho a la tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales es una parte central de las soluciones que realmente pretenden detener y revertir la destrucción de los ecosistemas y enfriar el planeta. Las Directrices de Tenencia proporcionan importantes puntos de referencia para apoyar las luchas de las comunidades por sus tierras en el contexto de programas como el REDD+ y los sistemas de compensación.

En primer lugar, estas Directrices proponen un enfoque holístico (párrafo 3B5), que reconoce la interconexión entre la tenencia y los usos de la tierra y otros recursos naturales. Esto está estrechamente relacionado con las disposiciones de las Directrices sobre tenencia que exigen a los Estados que reconozcan los diferentes valores y funciones de la tierra, incluidos los valores sociales, culturales, espirituales y medioambientales (párrafos 9.1 y 9.7). Además, proteger y promover medios de vida sostenibles para las personas marginadas forma parte del objetivo primordial de las Directrices (párr. 1.1), y se menciona como una de las principales responsabilidades de los Estados en relación con la tenencia (párr. 4.1). Esto se complementa con el requisito de que los Estados promuevan la gestión sostenible diversificada de la tierra, la pesca y los bosques para hacer frente al cambio climático, en particular mediante la agroecología (párr. 20.5).

Como muestra el ejemplo de Acre, instrumentalizar a los Pueblos Indígenas y a las comunidades rurales como proveedores de servicios para los programas de compensación socava sus conocimientos y prácticas tradicionales en materia de gestión sostenible de los bosques. Para apoyarlas, las Directrices de Tenencia subrayan la obligación de los Estados de proteger legalmente los derechos y sistemas de tenencia de las comunidades (sección 5), incluidos los sistemas consuetudinarios de tenencia (sección 9). En este contexto, también hacen hincapié en los derechos de tenencia de las mujeres (apartado 5.4) y en la necesidad de que los Estados promuevan la igualdad de género en la gobernanza de la tenencia (apartado 3B4).

Estas disposiciones de las Directrices de tenencia deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con las disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). Del mismo modo, la interpretación vinculante de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos con respecto a la tierra contenida en la Recomendación General nº 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre los derechos de las mujeres rurales y la Recomendación General nº 39 del CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, así como la Observación General nº 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sobre la tierra, deben utilizarse para apoyar estas luchas.

Las Directrices de Tenencia proporcionan importantes puntos de referencia para apoyar las luchas de las comunidades por sus tierras en el contexto de REDD+ y los programas de compensación de carbono.

Este artículo ha sido posible gracias a la información y el apoyo proporcionados por Amigos de la Tierra Internacional y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

Este artículo se basa en gran medida en el texto “10 de Años REDD+ en Acre y sus Impactos sobre las Mujeres Indígenas y las Mujeres ‘Extrativistas’ “, publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.