En nombre de la conservación, se violan los derechos humanos y de tenencia consuetudinarios

En Sudáfrica, y en otras regiones del sur global, la conservación de la biodiversidad ha estado durante mucho tiempo íntimamente ligada al colonialismo y la segregación racial. Las comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras ancestrales y de su acceso a los recursos naturales en nombre de la creación de fortalezas de la naturaleza. La justificación de estos desplazamientos forzosos es que los seres humanos constituyen la principal amenaza para la conservación. El fin del apartheid tampoco detuvo del todo estas prácticas conservacionistas. Más bien, en las últimas tres décadas, se ha impuesto un discurso sobre la sostenibilidad y la conservación a nivel mundial que termina conduciendo a nuevas formas de neocolonialismo, como el acaparamiento verde y la mercantilización de la naturaleza. Incluso se han cometido actos de violencia física en nombre de la conservación. Miembros de las comunidades pesqueras de Sudáfrica denuncian que han sido atacados por querer acceder a sus medios de vida. Su soberanía alimentaria está en peligro, así como su cultura y sus sistemas consuetudinarios.

Comunidades pesqueras sufren violencia dentro de un Patrimonio de la Humanidad 

La noche del 16 de septiembre de 2020, Celimpilo Mdluli y dos de sus amigos de la comunidad de Nibela estaban pescando en el lago de Santa Lucía, que forma parte del Parque del Humedal de iSimangaliso (IWP) en Sudáfrica, cuando un grupo de guardias del parque los atacó y mató a Celimpilo de un disparo. Los otros dos pescadores consiguieron escapar, uno de ellos con un disparo en el muslo. Catorce meses más tarde, el 12 de noviembre de 2021, cuando la investigación de la muerte de Celimpilo aún estaba pendiente y su familia seguía llorándolo, su hermano fue asesinado por los guardas forestales cuando estaba colocando una red en la orilla del mismo lago. Cuando los miembros de la comunidad de Nibela se reunieron en el lugar de los hechos para averiguar lo ocurrido, no pudieron localizar su cuerpo. El hermano de Celimpilo sigue desaparecido hasta la fecha. 

La comunidad Nibela es una comunidad pesquera indígena descendiente del pueblo Thonga, un grupo étnico bantú procedente de Maputaland, el territorio situado en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique. Se asentaron en la península de Nibela, adyacente al lago Santa Lucía, antes de que la zona fuera colonizada. Durante siglos, su medio de vida se ha centrado en la pesca: utilizan redes tradicionales, trampas para peces y embarcaciones fabricadas con materiales naturales que encuentran en los alrededores del lago, como el cordel. No fue hasta la década de 1990 cuando empezaron a utilizar nuevas técnicas, como las redes de enmalle de nylon, fomentadas por las autoridades de conservación. A lo largo de su historia, la comunidad ha desarrollado su cultura y sus leyes consuetudinarias en relación con el lago y su tierra ancestral, basándose en un sistema de gestión comunitaria sostenible de acceso y uso de los recursos naturales, como los árboles, los juncos y el agua. 

Pero con la llegada del colonialismo, todo cambió. Las autoridades sudafricanas convirtieron gradualmente la zona costera entre el lago de Santa Lucía y la bahía de Kosi en una zona protegida, expulsando por la fuerza a las comunidades tradicionales de sus tierras.  La reserva inicial, que era mucho más pequeña que su tamaño actual, se estableció en 1895 tras un drástico descenso de la población de elefantes salvajes debido a la caza profesional. Se convirtió en la primera reserva para la conservación de la naturaleza en Sudáfrica. Durante el apartheid, partes de lo que hoy es el Parque del Humedal de iSimangaliso, como el lago de Santa Lucía, la bahía de Kosi y la Falsa Bahía, fueron declaradas zonas protegidas, cada una con su propia política de gestión. 

En 1979, Maputaland (en el extremo norte del parque) y Santa Lucía (en el sur) se convirtieron en zonas marinas protegidas, por lo que la pesca y la recolección pasaron a estar estrictamente controladas o, en algunas zonas, prohibidas por completo. En 1986, el lago de Santa Lucía fue proclamado sitio Ramsar para proteger sus humedales; y en 1990, una zona más amplia se convirtió en el Gran Parque de Santa Lucía. En 1999, tras ser salvado de la explotación de las dunas, el parque fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así, las 13 zonas de conservación separadas pero contiguas se combinaron bajo un sistema de gestión unificado, y las actividades humanas se restringieron a un tercio de la superficie total y pasaron a estar estrictamente controladas y vigiladas.  En 2007 pasó a llamarse Parque del Humedal de iSimangaliso, y en 2019 el parque se amplió aún más. Ahora comprende el 9% de toda la costa sudafricana y es la segunda zona de conservación más grande del país. 

Con la llegada del colonialismo, las autoridades blancas convirtieron poco a poco partes de la costa sudafricana en áreas protegidas, sacando forzosamente las comunidades tradicionales de sus tierras.

Parque del Humedal de iSimangaliso

Estos esfuerzos de conservación han pretendido convertir la zona en una fortaleza de la naturaleza: esto ha supuesto restringir gravemente el acceso de las comunidades indígenas y otras comunidades con sistemas consuetudinarios de tenencia a los recursos naturales. Así, se han violado y se siguen violando los derechos a la alimentación y a la tierra de las personas que viven allí desde hace siglos. Los pescadores tradicionales son tratados como cazadores furtivos y sufren un acoso constante por pescar y utilizar los recursos marinos.  A pesar de que las leyes consuetudinarias y los derechos de pesca consuetudinarios están protegidos y reconocidos por la legislación sudafricana, estos pescadores siguen siendo atacados, acosados e incluso asesinados por pescar como medio de supervivencia.

Desde 2002, Ezemvelo KwaZulu Natal Wildlife, la autoridad provincial de conservación, trabaja con las comunidades pesqueras tradicionales para establecer sistemas de gestión conjunta. Sin embargo, muchas comunidades desconocen la cogestión y se sienten al margen de las decisiones centrales que afectan directamente a sus medios de vida y limitan su acceso a los recursos naturales. Por ejemplo, la comunidad de Nibela nunca fue consultada ni informada de la decisión de 2016 de demarcar una gran parte del lago como zona no pesquera y prohibir la pesca con redes de enmalle, a pesar de que sus derechos de pesca están reconocidos por la legislación sudafricana. 

La muerte de Celimpilo y su hermano fue causada, en parte, por la falta de claridad y coherencia en las políticas y permisos proporcionados por las diferentes autoridades de conservación que controlan el parque. Entre ellas se encuentran el Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca (DEFF en sus siglas en inglés), la Autoridad del Parque del Humedal de iSimangaliso (IWPA) y la organización provincial Ezemvelo KZN Wildlife. Con el objetivo de aplicar el Reglamento de Pesca a Pequeña Escala (SFF) que reconoce los derechos de los colectivos de pescadores a pequeña escala, en 2017 el DEFF hizo una convocatoria para proporcionar permisos de pesca a pequeña escala. 108 de los 140 miembros de la Comunidad de Nibela lo solicitaron y, aunque el proceso se demoró más de lo previsto, los pescadores recibieron finalmente sus permisos el 24 de agosto de 2020. Este proceso coincidió con la pandemia de COVID-19. Las normas de bloqueo declararon que la pesca artesanal era una actividad esencial, por lo que se permitió a los pescadores artesanales pescar. 

Por lo tanto, cuando Celimpilo y sus amigos fueron atacados por pescar el 16 de septiembre de 2020, creían firmemente que tenían derecho a pescar. Dado que la pesca es su principal forma de subsistencia, la prohibición de pescar empuja a estas comunidades a una situación aún más precaria de inseguridad alimentaria y falta de oportunidades, lo que se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, nadie ha sido procesado ni sancionado por la muerte de Celimpilo y el cuerpo de su hermano aún no ha sido encontrado. 

A pesar de que las leyes y los derechos de pesca consuetudinarios están protegidos y reconocidos por la legislación sudafricana, las comunidades pesqueras denuncian que siguen siendo atacadas, acosadas e incluso asesinadas por pescar para poder subsistir.

Manifestación de la comunidad pesquera de Nibela / Masifundise

Colonialismo, apartheid y el modelo de fortaleza de conservación global

La historia de la conservación en Sudáfrica se remonta al siglo XX y al apartheid (1948-1994), cuando muchas de las áreas protegidas del país fueron demarcadas, puestas bajo control estatal, cercadas y vigiladas. La justificación de su creación era que la población local constituía la principal amenaza para la conservación. Así, las comunidades indígenas tuvieron que ser expulsadas de sus tierras ancestrales y se les prohibió el acceso a los recursos naturales, mientras que sus derechos consuetudinarios fueron completamente ignorados. Las áreas protegidas solían estar situadas en tierras natales segregadas, donde la población local era pobre y carecía de participación política. El resultado suele ser la pérdida de la propiedad y el uso de la tierra, así como la pérdida gradual de los conocimientos y las prácticas consuetudinarias.  

De este modo, la conservación se convirtió en parte de los esfuerzos de los colonialistas por acaparar tierras, imponer políticas de segregación y limitar el acceso de la población negra e indígena a los recursos naturales, obligándoles así a convertirse en mano de obra barata para las minas y la industria capitalistas de propiedad blanca. La Ley de Tierras de 1913 prohibía a la población “nativa” o indígena comprar o alquilar tierras en el 93% del territorio sudafricano.  Con el fin del apartheid, la nueva Constitución de 1996 reconoció el derecho de cualquier persona o comunidad que hubiera sido desposeída después del 19 de junio de 1913 a reclamar su propiedad u obtener una reparación equitativa. En el recinto del IWP ha habido 14 reclamaciones de tierras, de las cuales 9 se han resuelto y 5 siguen en proceso. Sin embargo, los imperativos de conservación podrían utilizarse para bloquear la reforma agraria.  

El fin del apartheid coincidió con el auge del movimiento internacional de conservación. Sudáfrica se unió a este movimiento en 1992 al firmar el Convenio de la Biodiversidad. Cuando el IWP fue declarado Patrimonio de la Humanidad, se impusieron las nuevas normas internacionales de gobernanza de la biodiversidad. El discurso imperativo sobre la sostenibilidad y la conservación mundial se basa en la limitación del acceso de las comunidades indígenas y otras comunidades con sistemas consuetudinarios de tenencia a los recursos naturales. Mantiene un desequilibrio de poder Norte-Sur al imponer la visión del mundo de que los seres humanos y la naturaleza son entidades separadas, en lugar de miembros interconectados del mismo ecosistema. Sobre el terreno, esto se traduce en sanciones severas para las comunidades indígenas y otras comunidades con sistemas consuetudinarios de tenencia si sus actividades sociales y económicas se consideran un peligro para la biodiversidad y la conservación.

Mientras tanto, el plan de desarrollo del GIT se elaboró en un contexto de libre mercado y como parte de un impulso nacional para impulsar el desarrollo económico mediante la adopción del neoliberalismo. El ecoturismo se consideró una alternativa a la extracción de recursos naturales, sin dejar de utilizar estos recursos para el desarrollo socioeconómico mediante la creación de empleo y el crecimiento económico rural. Con este cambio, la tierra en las áreas protegidas se ha convertido en un producto de conservación de la biodiversidad con un alto valor de mercado, en lugar de un derecho social. Esta estrategia de mercantilización de la naturaleza se está extendiendo actualmente por todo el mundo y fomenta las iniciativas basadas en el mercado y las falsas soluciones a la crisis climática, al tiempo que favorece el “acaparamiento verde”: la apropiación de tierras y recursos en aras de la protección del “medio ambiente”. La conservación de la biodiversidad se ha convertido en una nueva forma de neocolonialismo que sigue beneficiando a los mismos actores de siempre. 

En el contexto del IWP, este fenómeno se traduce en una atroz paradoja. Mientras que a las comunidades pesqueras se les prohíbe utilizar una embarcación para pescar en el lago como medio de subsistencia, los propietarios de lujosos alojamientos ecoturísticos pueden llevar a los turistas a dar paseos en barco por el mismo lago. Además, los alojamientos turísticos limitan el acceso de las comunidades pesqueras al mar.  Mientras tanto, estas comunidades siguen siendo uno de los pueblos más empobrecidos de Sudáfrica.  

El discurso imperativo sobre la sostenibilidad y la conservación global se basa en limitar el acceso de las comunidades tradicionales a los recursos naturales.

Nibela community meeting / Masifundise

Las Directrices de Tenencia pueden salvaguardar los derechos consuetudinarios de tenencia

Las Directrices de Tenencia proporcionan un marco para el reconocimiento legal de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios, como la comunidad de Nibela y otras comunidades que habitan el Parque del Humedal de iSimangaliso. Las directrices subrayan que, en el caso de las tierras, pesquerías y bosques de propiedad o control estatal, los sistemas de tenencia consuetudinarios deben ser reconocidos, respetados y protegidos; y los Estados deben reconocer que estos espacios tienen un valor social, cultural, espiritual, económico, medioambiental y político para estas comunidades (artículos 7, 8 y 9). 

Las Directrices también instan a los Estados a incluir a los pueblos indígenas y otras comunidades en los procesos de consulta, participación y toma de decisiones si sus derechos consuetudinarios de tenencia se ven afectados (principio 6 y 9.9). Al mismo tiempo, obligan a los Estados a proporcionar acceso a la justicia cuando se violen estos derechos (principio 4); y a promover una distribución equitativa de los beneficios que puedan derivarse de las tierras, la pesca y los bosques de propiedad estatal (artículo 8.6). En el caso de los desalojos del pasado, las directrices también ofrecen un marco para el éxito de las reclamaciones de tierras y las reformas redistributivas (artículos 14 y 15).

Como hemos visto con el caso de la comunidad de Nibela, aunque la legislación sudafricana reconoce los sistemas de tenencia consuetudinarios, sus derechos se violan constantemente. El Estado sudafricano no garantiza los derechos consuetudinarios ni un proceso judicial justo para las violaciones de los derechos humanos en nombre de la conservación. Las comunidades afectadas quedan al margen de los procesos de consulta, participación y toma de decisiones, incluso en el caso de los sistemas de cogestión de recursos naturales establecidos. 

Además, las políticas de conservación son incoherentes entre las distintas autoridades de los parques y los procesos para obtener permisos de pesca son poco claros y carecen de transparencia y accesibilidad. Aunque la Ley de Áreas Protegidas estipula que las comunidades deben beneficiarse de las actividades de desarrollo, como el ecoturismo, y se han establecido asociaciones compartidas, las comunidades ni siquiera son conscientes de estas asociaciones. Es evidente que existe una perjudicial falta de transparencia y de acceso a la información. 

Existe una ley para proteger los derechos consuetudinarios de tenencia, pero no se aplica con éxito. Las autoridades de conservación deberían recibir formación sobre un enfoque basado en los derechos humanos a través de los principios de las Directrices de Tenencia; y las comunidades tradicionales deberían poder participar de forma significativa en la elaboración de las políticas de gestión medioambiental y de recursos que afectan a sus medios de vida. Estos cambios ayudarían a evitar conflictos, proteger el medio ambiente y promover un uso más sostenible de los recursos naturales, respetando los derechos fundamentales de las comunidades pesqueras.

Las comunidades tradicionales deben poder participar de forma significativa en la elaboración de las políticas de gestión medioambiental y de recursos que afectan a sus medios de vida

Este artículo ha sido posible gracias a la información y el apoyo de Masifundise.

Otras fuentes utilizadas para el artículo:

• Hansen, Melissa (2014) Struggles over conservation space: Social justice in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa. Doctoral Dissertation, Lund University
• Sunde, Jackie & Isaacs, Moenieba. (2008). Marine Conservation and Coastal Communities: Who Carries the Costs? A Study of Marine Protected Areas and Their Impact on Traditional Small-Scale Fishing Communities in South Africa.
• Sunde, Jackie (2013). Marine Protected Areas and Small-scale Fisheries in South Africa: Promoting Governance, Participation, Equity and Benefit Sharing, International Collective in Support of Fishworkers
• Carta de parte del Hogan Lovells International dirigida al IUCN y a la institución del Patrimonio Mundial de la Humanidad  sobre las vulneraciones de derechos humanos contra la comunidad de Nibela en el Parque del Humedal de iSimangaliso.