La tierra indígena de los Masái es confiscada para dar paso a la “conservación” y el beneficio económico
El pueblo Masái, cuyo sustento depende del pastoreo de pastizales silvestres, viene denunciando el acoso y desalojo continuos de sus territorios ancestrales. Tras haber sido reubicados en la década de 1950 para hacer sitio al Parque Nacional del Serengeti, hasta 150.000 Masáis han sido desalojados para seguir ampliando la zona de conservación y caza limítrofe con el Parque Nacional del Serengeti. Todo ello a pesar de que el Modelo de Uso Múltiple de la Tierra de Tanzania reconoce su derecho a vivir en la zona y cuidar de los rebaños de ganado vacuno, ovino y caprino que garantizan su supervivencia. Aunque los gobiernos afirman que el reasentamiento es necesario para proteger el frágil ecosistema de la zona, las verdaderas motivaciones son económicas ya que se supone que el turismo en la zona va a aumentar. En realidad, los Masái desempeñan un papel fundamental en la conservación y gestión sostenible de su territorio, que es una de las praderas mejor conservadas del mundo. Las fuerzas de seguridad de Tanzania han respondido con desproporcionada violencia ante la negativa de los Masái a abandonar sus aldeas, lo que ha causado heridos, detenciones, inseguridad alimentaria y la desintegración del tejido social. Las Directrices de Tenencia y el nuevo Marco Global de Biodiversidad reafirman los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, así como su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto o política que pueda afectar sus derechos.
El 10 de junio de 2022, varios miembros masái y ancianos de la aldea de Ololosokwani, situada en el distrito de Ngorongoro, en el extremo oriental del Parque Nacional del Serengueti, se reunieron para protestar pacíficamente por la demarcación de sus tierras por parte del Gobierno de Tanzania. Poco después llegaron miembros del ejército tanzano y dispararon gases lacrimógenos y balas de goma. Las imágenes de vídeo muestran a la gente huyendo de las autoridades, incluidos niños y ancianos. Más de treinta personas resultaron heridas durante la intervención militar. Una semana después, 27 miembros masái, entre ellos diez líderes comunitarios, fueron detenidos, acusados de la muerte de un agente de policía durante la refriega. Tras permanecer detenidos durante meses sin recurso ni representación, los fiscales retiraron los cargos penales en noviembre de 2022 y los pusieron en libertad. Cientos de personas huyeron durante y después del violento enfrentamiento de junio. Algunos buscaron refugio en aldeas vecinas, mientras que otros cruzaron a Kenia, incluso para recibir tratamiento médico por lesiones graves.
Éste es sólo uno de los múltiples casos de ataques contra el pueblo Masái por sus tierras ancestrales perpetrados por autoridades que afirman estar preocupadas por proteger ecosistemas claves. Los Masái son uno de los grupos étnicos más conocidos de África por su peculiar cultura, tradiciones y modos de vida. Este pueblo seminómada y pastoril, formado por cerca de un millón de personas, ha vivido en África Oriental durante siglos, y su cultura está profundamente arraigada a su tierra. Mientras muchos otros Pueblos Indígenas de África Oriental han perdido muchas de sus prácticas tradicionales, los Masái han mantenido su cultura y sus costumbres históricas. Sin embargo, en los últimos años, el pueblo Masái se ha enfrentado a crecientes amenazas que ponen en peligro sus derechos y sus modos de vida, como por ejemplo el desalojo de sus tierras tradicionales en Tanzania.
© Maasai Speakers’ Tour
El legado colonial de las “fortalezas de conservación” en los territorios Masái
El desplazamiento más reciente afecta a la división Loliondo del pueblo Masái, un subgrupo de unas 70.000 personas que vive en el distrito de Ngorongoro, al norte de Tanzania, desde hace generaciones. Los pastores de Loliondo son miembros de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP). En 1951, 400.000 hectáreas de Loliondo se destinaron al turismo y la caza de animales salvajes, pero los Masái mantuvieron su derecho a vivir en la zona y cuidar de los rebaños de vacas, ovejas y cabras que garantizan su supervivencia. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno tanzano ha declarado su intención de transformar 150.000 hectáreas en una zona protegida bajo la gestión de la Autoridad de la Fauna de Tanzania (TAWA en sus siglas en inglés).
En 2021, el gobierno emitió un aviso de desalojo a los Masái de Loliondo, ordenándoles que entregaran sus tierras a una reserva de caza. A pesar de la indignación y la resistencia generalizadas de los Masái, así como de activistas y grupos de derechos humanos, el gobierno siguió adelante con el desalojo. En junio de 2022, las autoridades demarcaron 14 zonas de aldeas para transformarlas en reserva de caza. Esto fue el detonante de la violencia y las detenciones descritas anteriormente, y ha sido el punto de partida de una nueva oleada de hostigamiento contra los Masái de la zona.
El desalojo de los Masái de sus territorios se remonta a muchas décadas atrás. En la década de 1950, fueron reubicados de la zona que hoy es el Parque Nacional del Serengueti al Área de Conservación de Ngorongo (NCA), que se designó como Área de Uso Múltiple de la Tierra, es decir, una zona donde los Masái podían vivir junto con actividades de conservación y turismo. Ahora, el gobierno tanzano planea ampliar el tamaño de la NCA de 8.100 a más de 12.000 km2 (incluyendo partes de Loliondo) y dividir toda el área en cuatro zonas de gestión con diferentes normas de uso del suelo aplicables a las diferentes áreas. Las zonas propuestas incluyen un núcleo de conservación, una subzona de conservación, una zona de transición y una zona de asentamiento y desarrollo. Esto reduce significativamente la tierra disponible para el pastoreo, los asentamientos y la agricultura, cruciales para la vida y el sustento de los Masái. De hecho, el plan del gobierno restringe casi todos los asentamientos humanos y el desarrollo a 2.230 km2, sólo el 18% de la superficie total.
En 2021, el gobierno tanzano elaboró un plan de reasentamiento que prevé la reubicación de 82.000 masái hasta 2027. Esto se justifica con la necesidad de proteger los ecosistemas locales del uso supuestamente insostenible de un número creciente de habitantes. El gobierno afirma que ha ofrecido ayuda económica a los hogares que acepten ser reubicados, oferta que algunos hogares habrían aceptado. Pero el gobierno no se ha quedado ahí, sino que ha llevado a cabo nuevas acciones para reprimir la población.
Desde 2022, se ha recortado la subvención para las escuelas, de modo que aunque los edificios siguen existiendo, están vacíos. Los niños deben sentarse en el suelo cuando hay clases. El autobús escolar ya no funciona, por lo que los niños se ven obligados a recorrer largas distancias a pie. Se están cortando las tuberías de agua, de modo que las mujeres, que tradicionalmente se encargan de ir a buscar agua, tienen que recorrer largas y peligrosas distancias para mantener a sus familias. Además, el hospital local prácticamente ha cerrado y sólo quedan dos personas para atender a una población de casi 100.000 habitantes. El Servicio Médico Ambulante, que atendió a la población de zonas remotas durante 39 años, ha dejado de funcionar desde abril de 2022. El subministro de alimentos ha empeorado dramáticamente, especialmente para las mujeres embarazadas, los ancianos, los hogares encabezados por mujeres solas y los niños. Las violentas acciones del gobierno en junio de 2022 perturbaron aún más los sistemas de apoyo social y debilitado las redes de seguridad locales. Como consecuencia, los Masái se ven ahora gravemente afectados por la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la dependencia de alimentos inadecuados, lo que amenaza su propia supervivencia. Junto con los efectos del cambio climático, las repercusiones en las comunidades indígenas son devastadoras.
Aunque el gobierno afirma actuar en nombre de la protección del ecosistema, el verdadero motivo es muy probablemente económico. Al tiempo que propone desalojar a los Masái, el gobierno tanzano planea permitir el turismo y la caza de trofeos en la NCA. De hecho, el turismo en la zona, que aporta más del 10% del producto interior bruto (PIB) del país, ha aumentado masivamente, pasando de 20.000 turistas anuales en 1979 a 644.155 en 2017/2018. Paralelamente, los ingresos de las actividades turísticas en Tanzania generaron más de 2.600 millones de dólares.
Dirigentes y abogados masái han impugnado ante los tribunales la legalidad del desalojo. Además, expertos en derechos humanos de la ONU, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y varias organizaciones de la sociedad civil han emitido declaraciones condenando el desalojo y pidiendo al gobierno tanzano que respete los derechos de los Masái. Dentro del propio grupo, los residentes de Loliondo se han organizado y movilizado para resistir el desalojo mediante protestas y reuniones públicas en las que exigen una acción directa para denunciar estos abusos. Además, WAMIP está preparando una comunicación oficial al gobierno tanzano para exigir el respeto de los derechos de los pastores de Loliondo y el cumplimiento de las obligaciones de Tanzania en materia de derechos humanos. Sin embargo, algunos socios clave del programa de conservación del gobierno tanzano, como el gobierno de Alemania y la Sociedad Zoológica de Fráncfort, han guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos de los Masái en el distrito de Ngorongoro.
El desalojo de los Masái de sus territorios se remonta a décadas atrás. El desplazamiento más reciente afecta a la división de Loliondo, un subgrupo Masái de unas 70.000 personas.
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