Reforma Agraria Integral y Popular/ Un horizonte global de justicia
La Reforma Agraria Integral y Popular es una reivindicación histórica de los pueblos campesinos, indígenas y rurales del mundo. Su vigencia hoy responde a un problema estructural que atraviesa continentes: la extrema concentración de la tierra y de los bienes comunes en manos de unos pocos, a costa de la vida, la dignidad y la soberanía de las mayorías.
En las últimas décadas, este proceso se ha profundizado a través de la financiarización de la tierra, el avance del agronegocio, la minería, los megaproyectos de infraestructura y los llamados mercados verdes. El capitalismo clandestino transforma territorios vivos en activos de inversión, expulsando comunidades, destruyendo ecosistemas y debilitando los sistemas alimentarios locales.
Frente a este modelo, la reforma agraria no se limita a redistribuir parcelas: propone una transformación profunda de las relaciones de poder sobre la tierra, el agua, los bosques y los saberes. Es una apuesta por la soberanía alimentaria, la justicia territorial y el derecho de los pueblos a decidir cómo habitar y cuidar sus territorios.
Reconocida por los marcos internacionales de derechos humanos, la reforma agraria es hoy una condición imprescindible para enfrentar la crisis climática, frenar el despojo y sostener la vida. Allí donde los pueblos gestionan colectivamente la tierra, se preserva la biodiversidad, se producen alimentos sanos y se construyen formas de convivencia más justas.
COLOMBIA lucha, vida y territorio
En Colombia, la concentración de la tierra ha sido una de las causas estructurales del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la pobreza rural. Durante siglos, la violencia ha operado como herramienta de despojo, borrando culturas, saberes y formas de vida campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Sin embargo, el campo colombiano no es solo escenario de despojo, sino también de organización, resistencia y propuesta. La Reforma Agraria Integral y Popular ha sido, y sigue siendo, una bandera de lucha para garantizar la paz con justicia social, la soberanía alimentaria y la dignificación de la vida campesina.
Esta reforma implica reconocer al campesinado como sujeto político de derechos, fortalecer la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, y construir economías rurales basadas en la agroecología, el cuidado y la solidaridad. También supone garantizar la formación integral, el acceso a los mercados justos y la protección de los bienes comunes como base de la vida.
