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Filipinas:

Criminalización de comunidades campesinas

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a un acoso continuo, intimidaciones y criminalización judicial por resistirse a las empresas y al Estado


A finales de 2021, los campesinos de Sumalo, un pueblo de la provincia filipina de Bataan, obtuvieron finalmente sus títulos de propiedad de 214 hectáreas de tierra después de tres décadas de lucha contra Riverforest Development Corporation, una empresa propiedad de la familia Litton. A lo largo de los años, los Litton -una familia de ascendencia europea de Manila que amasó su fortuna en la industria textil- han utilizado sus conexiones con políticos regionales y locales, la policía y los medios de comunicación para acosar y criminalizar a los campesinos de Sumalo y socavar así su movimiento de resistencia. Este conflicto agrario con Riverforest es una de los muchos casos en Filipinas donde los campesinos, las comunidades indígenas y otros movimientos sociales son criminalizados por resistirse a las empresas y a los proyectos de desarrollo estatales.

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Familias campesinas en Sumalo / © Focus on the Global South

La lucha de la comunidad campesina de Sumalo por el derecho a la tierra 

La lucha por la tierra de la comunidad campesina de Sumalo comenzó en 1979, cuando la familia Litton adquirió 214 hectáreas de tierra donde vivían tras pagar una mísera suma al gobierno del difunto dictador Ferdinand Marcos, que dio luz verde a la reconstitución de los títulos de tierra. Tras tal caso de acaparación de tierras, los campesinos de Sumalo recurrieron al Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en Filipinas —creado en 1988 para contrarrestar las desigualdades sociales, políticas y económicas del campo filipino— para impugnar las reclamaciones de propiedad de los Litton.

Sin embargo, en 1995, el gobierno anunció la creación de la Ecozona de Bataan, una Zona Económica Especial que permitiría utilizar estas tierras con fines industriales. Ante la nueva posibilidad de desarrollo industrial, los Litton iniciaron una batalla legal contra los campesinos. Los Litton solicitaron una exención de la CARP y pidieron la conversión del uso de la tierra. Estos procedimientos duraron más de una década, hasta que en 2007 el Tribunal Supremo falló a favor de los Litton.

Con este respaldo legal, los Litton, operando a través de la sociedad Riverforest Development Corporation (RDC), empezaron a vallar parcelas de tierra de uso agrícola y a instalar grupos de seguridad privada armados para impedir que los campesinos accedieran a sus tierras. Sin tierra para sostener la familia, algunos campesinos abandonaron la región. Otros se quedaron, aunque resistir significó enfrentarse a continuas amenazas, abusos físicos, acoso, coacción, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.

Para debilitar la resistencia de los campesinos , Riverforest también utilizó tácticas legales para criminalizar a los campesinos. Los Litton presentaron varias causas penales contra dirigentes campesinos con acusaciones muy diversas: desde cargos menores como vejación injusta, abuso verbal, allanamiento de morada y robo (supuestamente ocurrido cuando los campesinos cosechaban productos agrícolas); hasta cargos penales inventados como secuestro, destrucción de propiedad privada y posesión ilegal de armas de fuego. Varios líderes que también trabajaban como funcionarios del gobierno local fueron acusados de delitos administrativos como faltas graves, corrupción y abuso de autoridad. Estos incidentes condujeron a la detención y encarcelamiento de dirigentes del movimiento. También perpetuaron un ciclo interminable de miedo e intimidación en la comunidad.

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José Laysa sufrió acoso por intentar acceder a la tierra que labraba. / © Focus on the Global South

 

Debido al conflicto agrario, Riverforest no pudo llevar a cabo ningún proyecto  de desarrollo importante en la zona. De acuerdo con las normas de conversión de tierras, la incapacidad para crear desarrollo en la región puede dar lugar a que una propiedad sea objeto de adquisición obligatoria mediante el CARP. Así, en 2013, los campesinos de Sumalo, ahora organizados bajo la Organización de Agricultores y Residentes Unidos en Barangay Sumalo (SANAMABASU en sus siglas en filipino) presentaron una solicitud para que se aplicara la reforma agraria en esas tierras. En 2019, la Oficina del Presidente (OP) falló a favor de la comunidad campesina de Sumalo.

Una vez más, Riverforest respondió con criminalización, intimidación y acoso. En 2019, un joven líder campesino murió de un disparo durante un altercado con uno de los guardias de seguridad de Riverforest. La empresa también aprovechó la pandemia del COVID-19 para establecer más puestos de control, lo que restringió aún más los movimientos de la comunidad. Además, Riverforest puso en marcha una estrategia en los medios de comunicación y en redes sociales utilizando sus conexiones personales para cambiar la narrativa sobre el conflicto y acosar a los líderes a través de trolls.

Por otra parte, se presentaron nuevos cargos penales falsos contra dirigentes clave del movimiento. La empresa también logró obtener una decisión favorable de los tribunales locales para expulsar a las familias agricultoras de sus parcelas residenciales en la zona, alegando que la decisión de la OP sólo abarca las tierras agrícolas y no las zonas residenciales. En mayo de 2021, Riverforest demolió varias casas de la zona respaldados por la orden judicial.

En octubre de 2022 tuvo lugar otra demolición violenta de 53 casas, que desplazó a 73 familias y expulsó a beneficiarios de la reforma agraria debidamente identificados. Varios miembros de la comunidad, incluidos los que se resistieron a la demolición, resultaron heridos por los guardias privados de Riverforest. SANAMABASU subraya que se trató de una maniobra estratégica de Riverforest para sofocar las reclamaciones de tierras de la comunidad basadas en la reforma agraria.

Finalmente, el Departamento de Reforma Agraria (DAR) tramitó los títulos gubernamentales de la totalidad de las 214 hectáreas tras la decisión del PO a favor de la cobertura de la reforma agraria y negando las reclamaciones legales de Riverforest sobre las tierras. A pesar de esta victoria, los campesinos de Sumalo siguen siendo criminalizados y el miedo reina en la comunidad mientras el Estado no garantiza los derechos humanos más básicos de los campesinos.

En julio de 2022, nueve dirigentes campesinos, ocho de ellos mujeres y cuatro ancianos, fueron acusados de estafa sindicada, castigada con cadena perpetua. El 21 de febrero de 2023, las autoridades dictaron la orden de detención, obligándoles a evacuar temporalmente sus hogares. Finalmente, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, las líderes campesinas decidieron «entregarse» a las autoridades para hacer valer su legítimo derecho a la tierra.

Para acabar con la resistencia, Riverforest utilizó todo tipo de tácticas para criminalizar al movimiento campesino, desde acoso y coacción hasta falsas acusaciones penales

 

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Valla establecida por la Riverforest Corporation Development / © Focus on the Global South

Criminalización de comunidades campesinas e indígenas y disidencia generalizada

En Filipinas, la criminalización de la disidencia está muy extendida y es especialmente preocupante en las zonas rurales y los territorios indígenas, donde los conflictos por la tierra son cada vez más frecuentes. Estos conflictos surgen de las luchas agrarias contra el acaparamiento de tierras, la captura de recursos naturales por parte de empresas para realizar proyectos de desarrollo y la ocupación estatal y militar de estos territorios.

Según un informe de 2021 de Global Witness, Filipinas se ha clasificado sistemáticamente como el peor lugar de Asia para los y las defensores/as de la tierra y el medio ambiente, con 270 activistas asesinados/as entre 2012 y 2021. La mayoría de estos asesinatos (80%) estaban relacionados con protestas contra empresas vinculadas principalmente a la industria minera, seguida del sector agroindustrial. El 40% de estos crímenes se dirigieron contra Pueblos Indígenas que defendían sus tierras y territorios.

Los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en Filipinas son la punta sangrienta del iceberg de una campaña sistemática de las élites económicas y políticas para criminalizar la disidencia y las luchas por la tierra. Estas campañas, como en el caso de la familia Litton contra la comunidad campesina de Sumalo, incluyen todo tipo de tácticas para desmantelar los movimientos sociales, incluyendo acoso e intimidación, daños a la propiedad, demandas penales y civiles, prolongadas batallas legales, acoso en redes y humillación pública y, en el peor de los casos, violencia, desapariciones y asesinatos. 

Además, las acciones extralegales van acompañadas de un alto grado de impunidad. Global Witness sospecha que las fuerzas del Estado están detrás de la mayoría de los asesinatos que han documentado. El ejército y la policía cometen violaciones de derechos humanos con escasa rendición de cuentas. Las instituciones estatales, incluido el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, son débiles, ineficaces y están sobrecargados.

Por otra parte, las empresas han contado históricamente con la complicidad de las élites nacionales y locales y de las autoridades gubernamentales. Desde que el presidente populista y autoritario Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016, las acciones de las corporaciones se han visto respaldadas por un conjunto de leyes diseñadas para acabar con la oposición y socavar los movimientos de resistencia popular.

Filipinas ha sido clasificado sistemáticamente como el peor país de Asia para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, con 270 activistas asesinados/as entre 2012 y 2021

 

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Protesta contra el acaparamiento de tierras en Filipinas. / © Astrud Lea Beringer

La Ley Antiterrorista: la base jurídica para criminalizar la disidencia

Una de las leyes más controvertidas del mandato de Duterte fue la Ley Antiterrorista (ATA en sus siglas en inglés) de 2020. La ATA ha sido la ley más cuestionada en la historia de Filipinas, con 37 peticiones presentadas por diferentes grupos y personas ante el Tribunal Supremo. En su mayoría, los grupos de derechos humanos argumentan que la definición de «terrorismo» en la ley es vaga y excesivamente amplia, lo que permite una aplicación arbitraria y deja la puerta abierta a posibles abusos. De este modo, cualquier discurso crítico puede ser castigado por incitar al terrorismo si así lo considera el gobierno.

Además, la ley antiterrorista viola el derecho constitucional al debido proceso. La ley permite al Consejo Antiterrorista (CTA) autorizar la detención y encarcelamiento de sospechosos hasta 24 días, incluso sin orden judicial. Esto invierte esencialmente el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. De hecho, el primer caso conocido en el que se aplicó esta ley fue contra dos personas del Pueblo Indígenas Aeta de la región de Luzón Central que fueron detenidos en agosto de 2020 por pertenecer supuestamente al brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (PCF). Tras permanecer encarcelados casi un año, durante el cual libraron la batalla legal, finalmente fueron absueltos por el tribunal porque resultó que se trataba de un caso de «confusión de identidad».

Para hacer frente a la lucha abierta que Duterte tiene contra los grupos comunistas rebeldes, se aprobó la Orden Ejecutiva (OE) nº 70 y se creó un Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC en sus siglas en inglés). El incremento de la presencia militar se ha traducido en un aumento de las amenazas. Clasificar a personas como comunistas o terroristas a menudo sin pruebas sustanciales bajo la etiqueta de rojo se ha convertido en un componente clave de las tácticas del gobierno para desmantelar a la oposición.

La Ley Antiterrorista vulnera el derecho constitucional a tener garantías procesales e invierte esencialmente el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario

 

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Manifestación de comunidades campesinas en la provincia de Bataan. / © Galileo de Guzman Castillo

Cómo usar las Directrices de Tenencia para luchar contra la criminalización de los movimientos sociales por la tierra

Las Directrices de Tenencia conectan los derechos sobre la tierra con otros derechos humanos y principios de dignidad humana, equidad, justicia y no discriminación. En sus directrices principales destacan que los Estados deben «reconocer y respetar a todos los titulares legítimos de derechos de tenencia y sus derechos» y proporcionar salvaguardias legítimas contra amenazas e infracciones, incluidos los desalojos forzosos. Además, los Estados deben facilitar el acceso a la justicia con «medios eficaces y accesibles para todo el mundo», así como «tomar medidas activas para evitar que surjan disputas sobre la tenencia y que se conviertan en conflictos violentos». Los Estados también deben «prevenir la corrupción en todas sus formas, a todos los niveles y en todos los contextos». 

Como hemos visto en el caso de los campesinos de Sumalo, aunque el Estado reconoció los derechos de los campesinos a la tierra mediante la aplicación de la CARP, no garantizó los derechos humanos más básicos y no proporcionó ninguna salvaguarda para prevenir los conflictos y la corrupción. Tampoco garantizó un funcionamiento adecuado del sistema judicial. 

Además, los agentes no estatales, como las empresas comerciales como Riverforest, también están obligados a actuar con la diligencia debida para evitar vulneraciones de derechos humanos. Aunque no se aceptaron las reclamaciones de la familia Litton a la tierra, esta no fue procesada por las violaciones de derechos humanos que cometió a lo largo del proceso judicial. Por tanto, los derechos sobre la tierra, si no se vinculan a otros derechos humanos, no pueden traer justicia social.

Los derechos sobre la tierra, si no están vinculados a principios de dignidad humana y otros derechos humanos, no lograrán traer justicia social por sí solos

 

Este artículo ha sido posible gracias a la información y el apoyo proporcionados por Focus on the Global South