La lucha de la comunidad campesina de Sumalo por el derecho a la tierra
La lucha por la tierra de la comunidad campesina de Sumalo comenzó en 1979, cuando la familia Litton adquirió 214 hectáreas de tierra donde vivían tras pagar una mísera suma al gobierno del difunto dictador Ferdinand Marcos, que dio luz verde a la reconstitución de los títulos de tierra. Tras tal caso de acaparación de tierras, los campesinos de Sumalo recurrieron al Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en Filipinas —creado en 1988 para contrarrestar las desigualdades sociales, políticas y económicas del campo filipino— para impugnar las reclamaciones de propiedad de los Litton.
Sin embargo, en 1995, el gobierno anunció la creación de la Ecozona de Bataan, una Zona Económica Especial que permitiría utilizar estas tierras con fines industriales. Ante la nueva posibilidad de desarrollo industrial, los Litton iniciaron una batalla legal contra los campesinos. Los Litton solicitaron una exención de la CARP y pidieron la conversión del uso de la tierra. Estos procedimientos duraron más de una década, hasta que en 2007 el Tribunal Supremo falló a favor de los Litton.
Con este respaldo legal, los Litton, operando a través de la sociedad Riverforest Development Corporation (RDC), empezaron a vallar parcelas de tierra de uso agrícola y a instalar grupos de seguridad privada armados para impedir que los campesinos accedieran a sus tierras. Sin tierra para sostener la familia, algunos campesinos abandonaron la región. Otros se quedaron, aunque resistir significó enfrentarse a continuas amenazas, abusos físicos, acoso, coacción, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.
Para debilitar la resistencia de los campesinos , Riverforest también utilizó tácticas legales para criminalizar a los campesinos. Los Litton presentaron varias causas penales contra dirigentes campesinos con acusaciones muy diversas: desde cargos menores como vejación injusta, abuso verbal, allanamiento de morada y robo (supuestamente ocurrido cuando los campesinos cosechaban productos agrícolas); hasta cargos penales inventados como secuestro, destrucción de propiedad privada y posesión ilegal de armas de fuego. Varios líderes que también trabajaban como funcionarios del gobierno local fueron acusados de delitos administrativos como faltas graves, corrupción y abuso de autoridad. Estos incidentes condujeron a la detención y encarcelamiento de dirigentes del movimiento. También perpetuaron un ciclo interminable de miedo e intimidación en la comunidad.
José Laysa sufrió acoso por intentar acceder a la tierra que labraba. / © Focus on the Global South
Debido al conflicto agrario, Riverforest no pudo llevar a cabo ningún proyecto de desarrollo importante en la zona. De acuerdo con las normas de conversión de tierras, la incapacidad para crear desarrollo en la región puede dar lugar a que una propiedad sea objeto de adquisición obligatoria mediante el CARP. Así, en 2013, los campesinos de Sumalo, ahora organizados bajo la Organización de Agricultores y Residentes Unidos en Barangay Sumalo (SANAMABASU en sus siglas en filipino) presentaron una solicitud para que se aplicara la reforma agraria en esas tierras. En 2019, la Oficina del Presidente (OP) falló a favor de la comunidad campesina de Sumalo.
Una vez más, Riverforest respondió con criminalización, intimidación y acoso. En 2019, un joven líder campesino murió de un disparo durante un altercado con uno de los guardias de seguridad de Riverforest. La empresa también aprovechó la pandemia del COVID-19 para establecer más puestos de control, lo que restringió aún más los movimientos de la comunidad. Además, Riverforest puso en marcha una estrategia en los medios de comunicación y en redes sociales utilizando sus conexiones personales para cambiar la narrativa sobre el conflicto y acosar a los líderes a través de trolls.
Por otra parte, se presentaron nuevos cargos penales falsos contra dirigentes clave del movimiento. La empresa también logró obtener una decisión favorable de los tribunales locales para expulsar a las familias agricultoras de sus parcelas residenciales en la zona, alegando que la decisión de la OP sólo abarca las tierras agrícolas y no las zonas residenciales. En mayo de 2021, Riverforest demolió varias casas de la zona respaldados por la orden judicial.
En octubre de 2022 tuvo lugar otra demolición violenta de 53 casas, que desplazó a 73 familias y expulsó a beneficiarios de la reforma agraria debidamente identificados. Varios miembros de la comunidad, incluidos los que se resistieron a la demolición, resultaron heridos por los guardias privados de Riverforest. SANAMABASU subraya que se trató de una maniobra estratégica de Riverforest para sofocar las reclamaciones de tierras de la comunidad basadas en la reforma agraria.
Finalmente, el Departamento de Reforma Agraria (DAR) tramitó los títulos gubernamentales de la totalidad de las 214 hectáreas tras la decisión del PO a favor de la cobertura de la reforma agraria y negando las reclamaciones legales de Riverforest sobre las tierras. A pesar de esta victoria, los campesinos de Sumalo siguen siendo criminalizados y el miedo reina en la comunidad mientras el Estado no garantiza los derechos humanos más básicos de los campesinos.
En julio de 2022, nueve dirigentes campesinos, ocho de ellos mujeres y cuatro ancianos, fueron acusados de estafa sindicada, castigada con cadena perpetua. El 21 de febrero de 2023, las autoridades dictaron la orden de detención, obligándoles a evacuar temporalmente sus hogares. Finalmente, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, las líderes campesinas decidieron “entregarse” a las autoridades para hacer valer su legítimo derecho a la tierra.
Para acabar con la resistencia, Riverforest utilizó todo tipo de tácticas para criminalizar al movimiento campesino, desde acoso y coacción hasta falsas acusaciones penales
Valla establecida por la Riverforest Corporation Development / © Focus on the Global South
