En Barcelona, España, muchas familias no pueden pagar el alquiler ni comprar una casa. La crisis económica de 2008 llegó a España con el estallido de una burbuja inmobiliaria junto con un plan de reestructuración del sistema bancario. Con la ayuda del gobierno, los fondos de inversión han aprovechado la crisis para entrar en el mercado inmobiliario español y acaparar propiedades. El resultado ha sido un aumento del 55% en los precios de alquiler, 1,7 millones de personas desalojadas de sus hogares y un 73% de casas vacías en manos de fondos. Las organizaciones sociales en España se han movilizado ferozmente para introducir medidas que garanticen el derecho a la vivienda. Esto ha llevado a la creación de una Ley de Vivienda, que tiene como objetivo promover la vivienda social, regular el mercado de alquiler y buscar alternativas contra los desalojos.
Text: Clara Roig
Photographs: Bruna Casas / RUIDO Photo
Irene, Juanjo o Ana María son algunas de las muchas personas en España que perdieron sus hogares tras la crisis económica de 2008. En España, la crisis precipitó el estallido de una burbuja inmobiliaria, promovida por créditos fáciles a bajos intereses por parte del sistema bancario. Aproximadamente, el 60% del crédito concedido por los bancos españoles estaba en el sector inmobiliario. Mientras que en 2008 muchas empresas de construcción e inmobiliarias quebraron, muchas familias dejaron de poder pagar la hipoteca. Durante 12 años consecutivos (2008-2019), se llevaron a cabo 156 desalojos por día, lo que suma 684,285 desalojos y más de 1,7 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, incluidos niños. Cataluña, la Comunidad Autónoma a la que pertenece Barcelona, es donde este fenómeno ha sido más angustiante, representando el 19% de los desalojos en España.
Justo después de la crisis de 2008, Irene y su esposo dejaron de poder pagar la hipoteca del apartamento que habían comprado en 2000 en las afueras de Barcelona. En 2011, la pareja, que tenía cuatro hijos, perdió la propiedad de la casa. El banco responsable de su hipoteca, Caixa Tarragona, se fusionó con otro banco y vendió la casa en subasta por la mitad del precio que Irene había pagado. En 2018, la propiedad pasó a manos de la inmobiliaria Fincas BCN, e Irene y su esposo quedaron con una deuda de 10,000 €. Debido a esta deuda, el esposo de Irene perdió la residencia española y no pudieron acceder a una vivienda social. A pesar de que estaban en una situación vulnerable y habían acudido a los tribunales con la ayuda de una organización de vecinos, en marzo de 2022, ocho furgones de policía llegaron a la puerta de Irene para desalojarla a ella y a su familia.
“Me han desalojado de mi hogar, donde tengo todos mis recuerdos”.
La historia de Irene no es un caso aislado, sino un ejemplo de las repercusiones colectivas de la mala gestión bancaria e institucional durante la crisis económica de 2008. En resumen, los gobiernos dieron más poder a los sistemas bancarios, promoviendo así la financiarización de la vivienda. El Observatori DESCA relaciona la consolidación de los desalojos con una serie de leyes que el gobierno español, tanto de la izquierda (PSOE) como de la derecha (PP), que aprobaron entre 2009 y 2013. Estas incluyen leyes que ayudaron a acelerar el proceso judicial de los desalojos (Ley 19/2009; Ley 37/2011), con algunas excepciones para familias vulnerables.
En 2013, el PP aprobó una ley para flexibilizar el mercado de la vivienda, reduciendo el número de años obligatorios para un contrato de alquiler de 5 a 3 y desvinculando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los precios del alquiler, permitiendo que estos pudieran aumentar por encima del precio del consumidor. Estas leyes llegaron al mismo tiempo que una reforma fiscal que permitía a las empresas inmobiliarias evadir el impuesto de sociedades. El objetivo de la reforma era incentivar al capital extranjero a adquirir el stock inmobiliario con un alto riesgo de impago en manos del sistema bancario español arruinado, así como la Sareb, una sociedad público-privada creada para gestionar los activos provenientes de la reestructuración del sistema bancario.
Entre 2012 y 2013, fondos de inversión como Cerberus, Blackstone y Goldman Sachs adquirieron suficientes activos inmobiliarios para influir en el mercado de la vivienda y crear otra burbuja, esta vez en el mercado de alquiler. Desde 2015, los precios de alquiler aumentaron mucho más que los precios de la vivienda, según un estudio del Banco de España. En grandes ciudades como Barcelona y Madrid, así como en otras áreas turísticas, los precios de alquiler aumentaron hasta un 55% entre 2013 y 2019. Para 2018, el sistema bancario español tenía 3,5 millones de casas vacías en su stock mientras se producían 100 desalojos por día por no poder pagar el alquiler.
En 2013, la hipoteca de Juanjo, en Ciutat Meridiana, a las afueras de Barcelona, se incrementó repentinamente en 800 €. Dos años antes, Juanjo había perdido su trabajo como distribuidor para una empresa de alimentos industriales. Logró obtener un alquiler en una vivienda social hasta 2021, cuando su hipoteca terminó en manos de Divarian, una sociedad inmobiliaria creada en 2017 entre Cerberus y BBVA para transferir los activos de vivienda arriesgados del banco al fondo de inversión, incluida la hipoteca de Juanjo. Ahora Juanjo continúa pagando su alquiler a pesar de la notificación de Divarian de que debe abandonar su hogar. Ha buscado otros apartamentos en alquiler, pero no ha encontrado nada que pueda permitirse. Ha pasado 53 años en Ciutat Meridiana y no quiere dejar el barrio.
“Antes vivían familias aquí, eran mis vecinos. Ahora solo ves una puerta de hierro y una alarma para evitar okupas. ¿Qué quieren hacer aquí? Nosotros solo queremos vivir en paz. ¡No me iré aunque me paguen una fortuna!”
En España, y más concretamente en las grandes ciudades turísticas, las familias no pueden permitirse comprar una casa ni pagar el alquiler. En Barcelona, el 42,7% de la población destina más de la mitad de su salario a la vivienda. Mientras que el 20% de los trabajadores ganaba igual o menos que el salario mínimo en 2020 (935€ al mes), un piso de 70m2 en Barcelona podría costar en promedio 1050€.
Mientras tanto, las casas vacías permanecen en manos de fondos de inversión, el sistema bancario español y grandes propietarios, promoviendo así la financiarización de la vivienda urbana y la gentrificación de barrios enteros. En 2022, Blackstone tenía 5,550 propiedades en Cataluña a través de una red de 8 empresas asociadas. El 73% de las propiedades propiedad de corporaciones están vacías. La única opción para algunos es ocupar estas casas vacías, pero también están siendo desalojados.
Por eso han surgido iniciativas como Bloc Ruth, un bloque ocupado que proporciona refugio a más de 15 personas en Barcelona. El bloque de apartamentos está ubicado en Gràcia, un barrio de moda en Barcelona, y fue creado por el Sindicat de l’Habitatge de Gràcia para ofrecer vivienda a familias vulnerables. El edificio es propiedad de Cerberus, un fondo de inversión internacional. Tiene cinco pisos y en cada piso vive una familia. Las familias y los jóvenes del Sindicat de l’Habitatge organizan asambleas para gestionar el edificio y asegurarse de que las familias cubran sus necesidades.
En España las familias no pueden permitirse comprar una casa ni pagar el alquiler. En Barcelona, el 42,7% de la población gasta más de la mitad de su salario en vivienda. Mientras tanto, el 73% de las casas en manos de empresas permanecen vacías.
Ana María es una de las residentes de Bloc Ruth. Vive allí con sus hijos. En 2008 tenía una hipoteca, pero con la crisis perdió la propiedad de la casa. Luego comenzó a pagar un alquiler, pero pronto no pudo asumirlo. Entró a vivir en otra casa ocupada, también en Gràcia, donde vivió durante seis años hasta ser desalojada. Ahora, espera que con la presión de los vecinos, Bloc Ruth se convierta en vivienda social y ella pueda quedarse.
En España, la vivienda se ha convertido en un activo de inversión en lugar de un derecho para todos. El mercado no se ha autorregulado, sino que ha fomentado más especulación. Sin embargo, tras intensas movilizaciones sociales de nuevos grupos que abogan por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) o la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), los gobiernos han comenzado a implementar algunas medidas para regular el mercado inmobiliario. La primera iniciativa surgió en 2020 por parte del gobierno catalán, que, impulsado por 4.000 organizaciones sociales, aprobó una ley para limitar los precios de alquiler en áreas de fuerte presión del mercado. El objetivo de la ley era asegurar que nadie tuviera que gastar más del 30% de su salario en vivienda.
En España, la vivienda se ha convertido en un activo de inversión en lugar de un derecho para todos. El mercado no se ha regulado por sí mismo, sino que ha propiciado una mayor especulación.
Sin embargo, la ley fue suspendida por el Tribunal Supremo español después de un año y medio de implementación exitosa, argumentando que el gobierno catalán no tenía competencias en la regulación del mercado.
Las familias catalanas tuvieron que esperar hasta mayo de 2024, cuando el gobierno español liderado por Pedro Sánchez aprobó la Ley de Vivienda para garantizar que cada ciudadano tenga derecho a una vivienda digna. Esta ley tiene como objetivo promover más viviendas sociales en un país que solo cuenta con un 2.7% de stock de viviendas (en comparación con el promedio europeo del 15%), así como limitar el mercado de alquiler y proporcionar medidas contra los desalojos. Sin embargo, en un mundo donde aumenta la financiarización de los bienes comunes, aún queda por ver cuál será su impacto real.
Tras intensas movilizaciones sociales, en 2020 el gobierno catalán aprobó la primera ley para regular el mercado de la vivienda. Finalmente, en mayo de 2024, el gobierno español también introdujo una nueva ley para garantizar el derecho a la vivienda.
