La digitalización de los registros catastrales conlleva varios retos relacionados con la igualdad de acceso y la soberanía sobre la tierra, la inclusión de los derechos consuetudinarios y el control ciudadano sobre las bases de datos

Después de que India liberalizara su economía en 1991, el país ha llevado a cabo una digitalización a gran escala de los registros de la propiedad de la tierra con el objetivo de automatizar y garantizar la tenencia de la tierra. Sin embargo, la digitalización ha conllevado varios perjucios: no ha sido capaz de incluir la gran variedad de sistemas de tierra consuetudinarios que existen en la India y ha reforzado la exclusión que ya sufrían los pequeños agricultores y los Pueblos Indígenas. AgriStack, un proyecto del gobierno estatal que permite integrar los datos catastrales digitalizados con los perfiles de los agricultores y otros datos agrícolas, ha abierto la puerta al acceso y control de estas grandes bases de datos por parte de las empresas. Esto ha servido para reforzar la mercantilización del conocimiento local, la apropiación de las cadenas de valor agrícolas y la desposesión de los agricultores sobre el control de sus datos. En este contexto, la soberanía de la tierra y de los medios de subsistencia se entrelaza con el control de datos. La tecnología no anula las estructuras de poder previamente arraigadas en la sociedad, sino que su desarrollo depende de qué políticas institucionales se lleven a cabo. Las políticas que apuestan por un uso neoliberal de la tecnología y que favorezcan el mercado tienden a agravar las desigualdades existentes. Por lo tanto, la digitalización debe implementarse garantizando el derecho a la tierra y demás derechos humanos.

The central government’s Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) has been conducting a fast-paced digitalization process of land records data in Jharkhand, and several tribal and Adivasi (aboriginal) groups are bearing the brunt of its poor execution. For example, in 2019, the inhabitants of Naya Toli, a hamlet in the Indian state of Jharkhand became homeless overnight. Mukesh Kujur1, a 27-year-old inhabitant of Naya Toli, has been waging a battle against the Jharkhand government for the past two years, after he and his fellow villagers of the Oraon tribe woke up one day to discover that their 108 acres of land, purchased in 1973 by 19 families, were no longer registered in their name, but had been recorded as belonging to the previous owner. 

En el estado indio de Jharkhand, se ha llevado a cabo un apresurado proceso de digitalización de los registros de la propiedad de la tierra e través del Programa de Modernización Digital de los Registros de la Propiedad de la India (DILRMP, por sus siglas en inglés). La deficiente ejecución de este proceso de digitalización ha afectado especialmente a los Pueblos Indígenas (adivasi) y tribales. En 2019, los habitantes de Naya Toli, una aldea en Jharkhand, se quedaron sin casa de la noche a la mañana. Mukesh Kujur, de 27 años y miembro de la comunidad Oraon, descubrió que las 108 acres de tierra adquiridas en 1973 por 19 familias de la comunidad ya no estaban registradas a sus nombres sino que figuraban como pertenecientes al propietario anterior. 

Kujur y otros miembros de la comunidad apelaron al gobierno de Jharkhand, que denegó su solicitud. Paralelamente, la comunidad de Naya Toli intentó pagar el impuesto anual sobre la tierra por temor a que el gobierno les negara el derecho de propiedad como sanción por no pagar los impuestos. Sin embargo, como la comunidad no está registrada como propietaria de la tierra en el nuevo programa digital, los funcionarios que gestionan el registro no le dejaron realizar el pago.

En 2019, Jharkhand era uno de los pocos estados de la India que había digitalizado más del 99% de sus registros catastrales. Sin embargo, varios expertos critican su ejecución: solo el 2,3% de las tierras de Jharkhand se inspeccionaron físicamente, mucho menos que la tasa nacional que apenas roza el 6%. Estas deficiencias afectan especialmente a las comunidades indígenas y adivasi, las cuales no sólo se enfrentan a la usurpación continua de sus bienes comunes. Además, deben luchar para que se reconozcan sus derechos consuetudinarios sobre la tierra que a menudo son anulados en el proceso de digitalización de los registros catastrales. 

En 2021, el gobierno indio anunció que los registros de tierras digitalizados en el marco del DILRMP se convertirían en la base de información para el AgriStack. Este último es un proyecto de intercambio de datos agrícolas que permite la integración de los registros catastrales digitalizados con los perfiles de los agricultores y otros datos agrícolas como por ejemplo datos meteorológicos, de salud, del suelo, hidrológicos, etc.; y está dirigido por el Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar de los Agricultores. De esta manera, el gobierno indio pretende contribuir a la creación de servicios personalizados, basados en datos, a lo largo de la cadena agrícola. Estos servicios apoyan desde la producción, la financiación y el asesoramiento a los agricultores hasta la comercialización y el servicio a los consumidores, con el fin de mejorar la productividad agrícola y aumentar los ingresos de los agricultores. 

Sin embargo, AgriStack se quiso introducir en medio de una de las mayores protestas campesinas de la historia moderna de la India que estalló tras la adopción de tres leyes agrícolas en septiembre de 2020 por el Parlamento que permitirían a las grandes empresas entrar en el sector agrícola indio. Aunque las leyes fueron derogadas en noviembre de 2021, esta lucha sin precedentes contra la corporatización de las cadenas de valor agrícolas continúa. Varios movimientos populares han expresado su preocupación por el diseño institucional del AgriStack y por cómo este facilita la incursión de las grandes empresas tecnológicas en los sistemas alimentarios. 

En 2019, los habitantes de Naya Toli se quedaron sin casa de la noche a la mañana debido a la deficiente aplicación de un acelerado proceso de digitalización de los registros catastrales en el estado de Jharkhand

Campesino de la India. © Brazil Topno

Digitalización de la tenencia de la tierra en toda la India

El hecho de que AgriStack use el programa de DILRMP, una base de datos catastrales que conlleva problemas similares a los del caso de Jharkhand, plantea nuevas amenazas para la soberanía de los campesinos sobre la tierra. El programa excluye sistemáticamente a los agricultores sin tierra, a los aparceros y a las comunidades con sistemas de tenencia no consuetudinarios. Estas discrepancias se han mantenido y reproducido desde que la digitalización de los registros de tierras en todo el país se convirtió en una prioridad para el Estado indio. 

Con el telón de fondo del fracaso de las medidas de redistribución de la tierra, el gobierno indio inició en los años 90 la digitalización de los registros catastrales para facilitar la transición a una documentación formalizada e inequívoca de los derechos de propiedad de la tierra. Este tenía el fin de hacer más inteligibles las zonas rurales del interior del país para un mercado inmobiliario en expansión.

El proyecto Bhoomi, puesto en marcha por el gobierno del estado de Karnataka, fue el primer programa de digitalización de registros catastrales a gran escala de la India y acabó convirtiéndose en el modelo del Programa de Modernización Digital de los Registros Catastrales de la India (DILRMP), este último lanzado en 2008. Bhoomi era una propuesta sencilla pero revolucionaria: la creación de una base de datos interoperable y centralizada de registros catastrales digitalizados que reuniera información sobre las características físicas de la tierra, la productividad y las reclamaciones económicas (derechos legales, registro e impuestos) disponible en tiempo real para los departamentos gubernamentales y las agencias privadas que trataran de verificar las reclamaciones de propiedad. 

Sin embargo, Bhoomi fue testigo de los retos y contradicciones típicos de las tecnologías digitales en el registro de tierras. A los pocos años de la puesta en marcha de Bhoomi, se hizo evidente que la transición de los supuestos títulos de propiedad a los títulos de propiedad oficiales mediante la creación de bases de datos centralizadas amenazaba de hecho la capacidad de las comunidades vulnerables para mantener sus reivindicaciones tradicionales sobre tierras comunes. Bhoomi no pudo documentar la diversidad de tipos de tenencia. De las más de 1.500 formas de tenencia existentes tradicionalmente en la India, sólo 256 se incluyeron en el registro digital. 

Al intensificar el acaparamiento de tierras por parte de las élites poderosas, Bhoomi reforzó las jerarquías de poder social que rigen las relaciones de propiedad agraria. De este modo, la trayectoria de la tecnología para el desarrollo quedó firmemente arraigada en un enfoque neoliberal y favorable al mercado indio, en consonancia con las reformas políticas introducidas en los años noventa.

El DILRMP, un programa nacional de digitalización que pretende reproducir el modelo Bhoomi, no ha hecho sino que perpetuar aún más estas desigualdades sociales, ya que los derechos consuetudinarios de tenencia de los pequeños agricultores, los grupos tribales y los Pueblos Indígenas no están reconocidos. El proceso de estandarización a través de la digitalización, y la consiguiente pérdida de legibilidad de las reclamaciones que no pueden ser debidamente datadas, ha afectado negativamente a los derechos de tenencia. Las reivindicaciones consuetudinarias de los pequeños agricultores fueron las más afectadas ya que la mayoría de campesinos tienen un acceso limitado a Internet para actualizar sus registros digitales de tierras. Las tierras con reclamaciones de posesión complejas fueron reclasificadas como tierras sarkari, que se traduce a “tierras del gobierno”, y por tanto adquiridas efectivamente por el Estado. El proceso de digitalización de la tierra y las opciones de diseño que se han llevado a cabo en el contexto indio muestran cómo un uso neoliberal y favorable al mercado de la tecnología puede agravar desigualdades socioeconómicas arraigadas. 

El programa nacional de digitalización DILRMP no ha hecho sino perpetuar aún más las desigualdades sociales, sin reconocer los derechos consuetudinarios de tenencia de los pequeños agricultores, los grupos tribales y los pueblos indígenas

Una agricultora de Pudukkottai, un distrito del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. © IT for Change

Centralización y control de datos en medio de una fiebre corporativa global

Tras haber implantado la digitalización de los registros catastrales a gran escala, el gobierno central pretende utilizar el DILRMP para unificar los conjuntos de datos catastrales de cada estado en una base de datos interoperable y centralizada que sirva como fuente principal de información sobre datos catastrales para los ciudadanos y los organismos públicos y privados que se dedican a la verificación de la propiedad de la tierra (por ejemplo, bancos y compañías de seguros). Como parte de esta nueva estrategia, en 2021, el gobierno indio puso en marcha la iniciativa del Número Único de Identificación de Parcelas (ULPIN, por sus siglas en inglés), que asigna un código de identificación alfanumérico único de 14 dígitos georreferenciado a cada parcela de tierra inspeccionada en el país. Aunque la iniciativa ULPIN aún no se ha implementado a gran escala, varios críticos ya la consideran la base del próximo AgriStack, que probablemente invisibilizará aún más las reclamaciones consuetudinarias de tierras y borrará las formas de propiedad colectiva de la tierra. 

A pesar de la emblemática Ley sobre el Derecho a una Compensación Justa y la Transparencia en la Adquisición de Tierras, la Rehabilitación y el Reasentamiento (LARR Act en sus siglas en inglés), la cual limita las posibilidades de expropiación por parte de las autoridades estatales, la ausencia de reformas administrativas y burocráticas acordes repercute negativamente en las comunidades indígenas, que a menudo carecen de títulos de propiedad individuales. Por lo tanto, es preocupante que, sin las salvaguardias adecuadas, el AgriStack nacional y otras iniciativas de intercambio de datos de los gobiernos estatales de la India puedan impactar negativamente aún más los derechos históricos de las personas a la tierra. 

La agregación de los datos de los registros catastrales con otra información sobre el clima y los tipos de cultivo allana el camino a la valoración de las tierras y la delimitación de los terrenos en las categorías de “productivos” e “improductivos”. Es probable que esta reclasificación sólo intensifique los puntos débiles de la Ley LARR, permitiendo que los terrenos baldíos cultivables que sustentan la seguridad alimentaria local sean reclasificados para fines no agrícolas. También es probable que refuerce la narrativa estatal de la adquisición coercitiva de tierras como medio necesario para la creación de empleo y el desarrollo económico basado en la industrialización y la urbanización frente al declive agrícola.

Además de reforzar los poderes del Estado, la digitalización y la creación de bases de datos a través de programas como AgriStack aceleran el acceso y el control de las empresas sobre estos grandes conjuntos de datos, lo que permite la apropiación de las cadenas de valor agrícolas y la mercantilización del conocimiento local por parte de las empresas. El Departamento de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la India ya ha firmado diez acuerdos con empresas transnacionales y nacionales -incluidas Amazon Web Services y Microsoft- para poner a prueba servicios de valor añadido para los agricultores que se convertirán en servicios clave del AgriStack. Sin normas claras, el acceso a los datos por parte de sistemas de inteligencia controlados de forma privada puede poner en peligro la autonomía y soberanía de los pequeños agricultores sobre sus datos. 

Además, las prácticas abusivas en el uso de datos son especialmente preocupantes en un país que carece de leyes de protección de datos y de una regulación sólida de la tecnología financiera. En todo el mundo, la digitalización de los registros catastrales ha facilitado la financiarización de las cadenas de valor agrícolas. Los sistemas de inteligencia artificial basados en datos agregados a gran escala de los sistemas alimentarios proporcionan información a tiempo real que permite un control total de las cadenas alimentarias, fomentando la especulación sobre la tierra y los productos agrícolas con escaso respeto por los trabajadores, la equidad y los impactos ecológicos. Esto también puede allanar el camino para el acaparamiento de tierras y la pérdida de los derechos de propiedad de los agricultores en nombre del desarrollo tecnológico.

Además de reforzar los poderes del Estado, la digitalización y la informatización aceleran el acceso y control de las empresas a los grandes conjuntos de datos, lo que permite la apropiación de las cadenas de valor agrícolas

Miembros de la Sociedad de Productores Agrícolas de Ambuliaaru, un colectivo agrícola. © IT for Change

Poner a las personas y al planeta en el centro de la digitalización 

Con la digitalización de la tenencia de la tierra, la soberanía de la tierra y de los medios de subsistencia se entrelaza con la soberanía de los datos. La sociedad debe cambiar radicalmente su perspectiva en lo que respecta a los datos y a un uso justo de estos. La digitalización debe vincularse a un marco integrado de derechos que proteja a las comunidades trabajadoras de cualquier daño, fomente medios de vida autónomos e plenos a través de la innovación pública, y nutra la capacidad de las comunidades para participar y determinar los elementos básicos de la gobernanza de datos, es decir, los datos sobre las mismas comunidades y los recursos que las sustentan.

En primer lugar, en los programas de datos, deben instituirse garantías para mantener la privacidad y proteger los datos personales. Además, es necesario establecer una institución independiente que supervise el intercambio de datos y proteja los intereses de los agricultores. En segundo lugar, hay que prohibir el uso oportunista y gratuito de los bienes comunes de los datos agrícolas. Para ello, deben implantarse barreras reguladoras para evitar la consolidación vertical y las tendencias a un monopolio del mercado. En tercer lugar, debe desarrollarse y aplicarse un marco claro sobre los derechos de los agricultores en materia de datos, incluidos los derechos de los agricultores a acceder, impugnar y auditar sus datos almacenados en bases de datos centralizadas. En cuarto lugar, debe revitalizarse la innovación del sector público en la agricultura aprovechando el poder transformador de los datos agrícolas comunes, creando asociaciones con las comunidades agrícolas para una innovación sostenible basada en los datos, y abordando las necesidades y los retos significativos a nivel local.

Del mismo modo, las Directrices de Tenencia ofrecen un conjunto similar de principios de gobernanza sobre cómo aplicar la tecnología a la tenencia de la tierra. Los sistemas de registro digitalizados deben mejorar la seguridad de todos los derechos de tenencia (artículo 17), no disminuirlos. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para “prevenir la corrupción en el registro de los derechos de tenencia dando amplia publicidad a los procesos, requisitos, tasas y posibles exenciones, así como a los plazos de respuesta a las solicitudes de servicios” (artículo 17.5).

Dada la realidad de la brecha digital, el gobierno indio debe garantizar que todo el mundo pueda registrar sus tierras proporcionando alternativas a los sistemas digitales y asegurándose de que se respetan los sistemas consuetudinarios de tenencia, de acuerdo con el artículo 9 de las Directrices de Tenencia. Los registros digitales de tierras no pueden ser la “única fuente de verdad” y todo el mundo debe poder acceder a ellos o formar parte de ellos. Dichos registros deben crearse con la participación de agricultores, pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas consuetudinarios de tenencia. 

Confiar en la digitalización de forma acrítica sólo intensificará el despojo de tierras y pondrá en peligro la soberanía sobre la tierra y los medios de vida. En otras palabras, el acaparamiento de datos de hoy se convertirá en el acaparamiento de tierras de mañana. Los derechos de los agricultores, las comunidades indígenas y las personas marginadas deben tener prioridad sobre cualquier avance tecnológico mercantilista.

La sociedad debe cambiar radicalmente su perspectiva sobre el uso justo de los datos. La digitalización debe vincularse a un conjunto de derechos que proteja y beneficie a las comunidades y contribuya a su plena participación y control

Este artículo se ha realizado junto con IT for Change. Puede encontrar una versión más extensa del artículo aquí.