En un país donde el nivel de concentración de la tierra es extremadamente alto, el acceso a esta se ha convertido en el derecho más preciado
La historia de Colombia es una historia de despojo, concentración y fragmentación de tierras. Colombia tiene uno de los índices de concentración de la tierra más altos del mundo. La tierra ha estado en el centro de los conflictos armados de Colombia durante los últimos dos siglos. Con el Acuerdo de Paz en 2016, las organizaciones sociales y campesinas por fin tuvieron la esperanza que la situación se iba a remediar. La reforma agraria se convirtió en el primer punto del Acuerdo de Paz, en línea con las Directrices sobre la Tenencia de la Tierra. Sin embargo, poco ha cambiado desde que se firmó el acuerdo, principalmente debido a los obstáculos impuestos por el gobierno de Iván Duque, que sirve a poderosos intereses económicos y políticos. En 2022, una coalición de izquierdas ganó las elecciones por primera vez en Colombia, y las organizaciones campesinas esperan que la nueva administración dé prioridad a la tan esperada reforma agraria.
Los campesinos de Sumapaz, últimos guardianes del páramo más grande del mundo
En 2008, las comunidades campesinas de Sumapaz (Colombia) fueron notificadas de que la empresa Emgesa, que forma parte de la multinacional energética Enel, planeaba alterar el curso del río Sumapaz para construir una presa y una central hidroeléctrica. El río Sumapaz da vida al mayor páramo del mundo, declarado Parque Natural Nacional (PNN) en 1977. Conocido como una de las “estrellas fluviales” del país, es también una importante fuente de agua para tres cuencas fluviales, así como para la capital, Bogotá, e incluso para el país vecino de Colombia, Venezuela. Así pues, el río Sumapaz desempeña un papel fundamental en el rico ecosistema que lo rodea, incluidas las comunidades campesinas y locales que lo habitan.
Es por ello que el plan de desarrollo de Emgesa (ahora Enel Colombia), a pesar de los prometedores avances para la región, provocó la indignación de los residentes locales. Estas comunidades, con más de un siglo de experiencia luchando contra los grandes terratenientes, eran muy conscientes de lo que estaba en juego: un mayor despojo de tierras y posibles daños ambientales. En la década de 1950, los ancianos de la comunidad habían luchado por una reforma agraria que nunca llegó a materializarse. Mientras tanto, la concentración de tierras se convirtió en una causa estructural del conflicto armado en Colombia. Durante el pico de violencia, algunos campesinos huyeron de los pueblos vecinos y buscaron refugio en el páramo. Luego, en los años 90, los campesinos de Sumapaz se vieron atrapados en medio de la violencia debido a las operaciones militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que utilizaban el páramo como paso seguro hacia otras regiones del país.
Desde entonces, el páramo ha sido altamente militarizado y la presencia de soldados ha impactado el ecosistema de 3.226 metros cuadrados. Las organizaciones sociales han denunciado que, incluso después del Acuerdo de Paz de 2016, el ejército sigue manteniendo bases militares en la zona. Además, hay continuas denuncias de casos de represión y criminalización de campesinos. En 2019, el gobierno derechista de Duque lanzó la Campaña Artemisa, supuestamente diseñada para perseguir a quienes ponen en peligro las áreas protegidas con sus actividades ilegales. Sin embargo, la Ley de Delitos Ambientales (Ley 2111) se ha utilizado para acosar a las comunidades campesinas e indígenas que han vivido y protegido estas áreas durante décadas. Estas comunidades afirman que la campaña pretende desplazarlas, dejando así la tierra vacía y lista para la explotación y la inversión extranjera.
Como ya se ha mencionado, la empresa colombiana Emgesa forma parte del grupo Enel. Esta multinacional tiene su sede en Italia y es la mayor empresa del sector energético italiano: el 23,6% es de propiedad pública, pero sus principales inversores privados son BlackRock (5%) y Capital Research and Management (5%). Los principales inversores que respaldan la filial americana de Entel se encuentran en EE.UU. (Citibank), Europa, (Santander) y América Latina (Banco de Chile), junto con los fondos de pensiones, que suman el 7,5% de los accionistas, y una de las mayores empresas de inversión del mundo (State Street).
Gracias a la movilización social del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (SINTRAPAZ), afiliado a FENSUAGRO , la Emgesa se vio obligada a modificar el diseño de la central hidroeléctrica para reducir los daños ambientales. Actualmente, el proyecto está en suspenso ya que Emgesa debe presentar un informe de impacto ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Sin embargo, para las comunidades campesinas, la lucha continúa. Desde 2011, presionan por declarar la región de Sumapaz como Zona de Reserva Campesina (ZRC). Su primera victoria fue contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), institución que fue declarada culpable por retrasar el procedimiento durante más de una década. Las ZRC se declararon en los años 90 tras un largo proceso de movilización campesina, quienes exigían zonas protegidas libres de violencia para fomentar el desarrollo rural y evitar la concentración de la tierra mediante la gestión comunitaria. Establecidas en la Ley 160 de 1994, las ZRC se implementaron de manera intermitente durante 26 años, pero finalmente las comunidades campesinas lograron incluirlas en el Acuerdo de Paz de 2016. Hoy se espera que el nuevo gobierno de Gustavo Petro priorice el establecimiento de las ZRC que tanto tiempo llevan pendientes.
Cuando la empresa energética Emgesa anunció su plan de construir una central hidroeléctrica en el páramo más grande del mundo, las comunidades campesinas de Sumapaz estallaron indignadas. Eran muy conscientes de lo que estaba en juego: más despojo de tierras y graves daños medioambientales.
Páramos de Sumapaz. © Luis Alejandro Bernal Romero
