Las comunidades agrícolas se han movilizado con éxito para la aplicación de las directrices sobre la tenencia de la tierra y la protección de sus derechos consuetudinarios, incluidos los de las mujeres y los jóvenes

En Malí, las comunidades campesinas han sufrido múltiples expropiaciones y desalojos forzosos para dar paso a proyectos agroindustriales a gran escala. Estas iniciativas de acaparamiento de tierras estaban poniendo en peligro la soberanía alimentaria de los campesinos/as y su capacidad para alimentar a la población local, ya que tres cuartas partes de las tierras cultivadas por los campesinos/as se destinan al mercado interno. Ante esta situación, las organizaciones campesinas se unieron a la sociedad civil para exigir el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios en la nueva ley de tierras agrícolas. Así se movilizó a los miembros de las comunidades rurales, se crearon comisiones de tierras en las aldeas y se difundieron las Directrices de Tenencia de la Tierra en las comunidades y entre los representantes parlamentarios. Estos esfuerzos se han traducido en una revaluación de los derechos consuetudinarios sobre la tierra, que ahora incluyen los derechos de las mujeres y los jóvenes, y en el reconocimiento legal de un sistema de tenencia de la tierra que no funciona según las reglas del mercado neoliberal.

En la década de 2000, los agricultores malienses eran víctimas constantes de expropiaciones y desalojos forzosos, agravados por la crisis alimentaria de 2008. En los municipios rurales de Mandé y Naréna, al oeste de la capital maliense, Bamako, las alianzas entre la administración local y los especuladores individuales, en su mayoría poderosas élites políticas nacionales a través de agencias inmobiliarias e inversores extranjeros, colocó a las comunidades bajo la constante amenaza de expropiación. En total, unas 800.000 hectáreas de tierra han sido expropiadas en Malí para dar paso a proyectos agroindustriales a gran escala.

En Mandé, la municipalidad tuvo que hacer frente a la expropiación de 3.600 hectáreas de tierra por parte del Estado para reasentar a otras comunidades que habían sido desalojadas previamente de otra zona en las afueras de Bamako. El pueblo de Mandé está rodeado de grandes llanuras sedimentarias regadas por el río Djoliba (Níger), donde la comunidad cultiva diversos productos, desde algodón hasta cereales. El municipio también forma parte del territorio colectivo del círculo de Kati, cuya tradición de organización comunitaria se remonta al 1222, cuando se aprobó la Carta de Manden, a menudo denominada la primera declaración de derechos humanos.

Ante esta expropiación masiva, la comunidad de Mandé se unió a la Unión de Asociaciones para el Desarrollo y la Defensa de los Derechos de los Desamparados (UACDDDD), miembro del movimiento campesino dirigido por la al movimiento campesino liderado por la Convergencia maliense contra el acaparamiento de tierras (CMAT), una alianza de cinco organizaciones de la sociedad civil: la Asociación de Organizaciones Profesionales Campesinas (AOPP), la Coalición de Alternativas Africanas para la Deuda y el Desarrollo (CAD-Mal), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOP), la Liga por la Justicia, el Desarrollo y los Derechos Humanos (LJDH) y la UACDDDD. La CMAT pretendía garantizar el respeto y la seguridad de los derechos consuetudinarios sobre la tierra, así como mantener la cohesión social y la soberanía alimentaria.

En la década de 2000, los agricultores malienses eran víctimas constantes de expropiaciones y desalojos forzosos, agravados por la crisis alimentaria de 2008.La alianza entre la administración local y los especuladores individuales colocó a las comunidades bajo la constante amenaza de expropiación.

Campesinos protestando contra la acaparación de tierras en Malí. © FIAN International

La aplicación de las Directrices de Tenencia: una lucha por el reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios sobre la tierra 

En Malí, organizaciones de agricultores como la CNOP y la AOPP ya habían participado activamente en las negociaciones en la ONU sobre las Directrices de Tenencia y asumieron la responsabilidad de aplicarlas a nivel nacional una vez adoptadas en 2012. Posteriormente, en colaboración con la alianza CMAT, las organizaciones de agricultores se movilizaron e hicieron participar a las autoridades gubernamentales en debates sobre los derechos consuetudinarios a la tierra para proteger a las comunidades que se enfrentaban a múltiples acaparamientos de tierra. Las organizaciones basaron sus demandas en los cinco principios generales de las Directrices de Tenencia. Estos incluyen el reconocimiento y el respeto de todos los legítimos propietarios de derecho a la tierra y sus derechos (incluso los que aún no están protegidos por la ley), así como la transparencia en el proceso de consulta y la participación efectiva de la sociedad civil y las comunidades afectadas.

En 2014, cuando estaba prevista la adopción de la política de tierras agrícolas del país, la CNOP tomó la iniciativa de crear una plataforma con las múltiples partes interesadas en las Directrices de Tenencia bajo el auspicio del Ministerio de Desarrollo Rural y de la FAO en Malí. Esta plataforma evolucionó hasta convertirse en un marco de consulta sobre las directrices con un grupo de trabajo compuesto por diversos actores. Entre los cuales había representantes gubernamentales de la FAO, expertos/as en tierras y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CNOP y CMAT. La plataforma pretendía funcionar tanto como un grupo de reflexión como una herramienta práctica para hacer propuestas al gobierno sobre la tierra y temas relacionados.

En julio de 2014, en un taller nacional organizado por el Ministerio de Agricultura, esta plataforma trabajó en la formulación del primer borrador del proyecto de ley de tierras agrícolas. El proyecto tenía 147 artículos en los que se reconocían los derechos consuetudinarios colectivos de las comunidades sobre la tierra y sus mecanismos de seguridad sobre la misma. Sin embargo, en octubre de 2015, tras varias revisiones en reuniones interministeriales, el Consejo de Ministros sólo validó 49 de los 147 artículos del proyecto inicial, eliminando del documento la protección de los derechos consuetudinarios sobre la tierra. Las organizaciones sociales se defendieron. En noviembre de 2015, los miembros de la CMAT organizaron un taller para realizar un análisis cruzado de los dos proyectos de ley, del que surgió un documento conjunto. Esta iniciativa proporcionó formación a las comunidades sobre los derechos a la tierra, lo que las animó a participar en la elaboración de políticas, y convertirse en actores políticos clave en vez de en meros espectadores.

De diciembre de 2015 a marzo de 2016, se organizaron movilizaciones para denunciar la votación de la versión limitada de la Ley de Tierras Agrícolas en la Asamblea Nacional. Gracias a la movilización, las organizaciones campesinas y civiles consiguieron aplazar la votación prevista. Después, entre abril de 2016 y marzo de 2017, una nueva oleada de protestas consiguió que la Asamblea Nacional de Malí organizara una audiencia en la que la CMAT y sus aliados pudieron presentar sus propuestas. El 31 de marzo de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Tierras Agrícolas, que incluía muchos de los artículos del documento de defensa de la sociedad civil. El 11 de abril de 2017, la ley fue finalmente aprobada.

Con la popularización y aplicación de las Directrices de Tenencia, las comunidades campesinas de Malí han dado un importante paso adelante para mantener la agricultura tradicional y de pequeña escala: Han conseguido un sistema formal de tenencia de la tierra que reconoce por ley los derechos consuetudinarios de las comunidades rurales a la tierra agrícola y sus mecanismos de seguridad, sin tener que capitular ante las normas neoliberales del mercado sobre la propiedad de la tierra.

Las organizaciones campesinas se movilizaron y presionar a las autoridades gubernamentales para debatir sobre los derechos de tenencia consuetudinarios, basando sus demandas en los cinco principios de las Directrices de Tenencia

Encuentro entre las comunidades campesinas y las autoridades locales © FIAN International

Comisiones de tierras en las aldeas incluyen a las mujeres y los/las jóvenes en la toma de decisiones

Las organizaciones de agricultores no bajaron la guardia tras la promulgación de la ley; al contrario, empezaron a colaborar con expertos académicos para acompañar los procesos de aplicación de la ley a través de las comisiones de tierras en las aldeas, encargadas de elaborar convenios locales y registrar las tierras comunitarias. Estas comisiones fueron creadas en 22 pueblos de la comuna de Mandé y Narena por la UACDDDD/CMAT y han servido como mecanismo para fomentar la confianza y resolver conflictos sociales al promover el diálogo entre los distintos miembros de la comunidad. Una característica clave de estas comisiones es que incluyen a todos y todas los miembros de la comunidad: desde líderes tradicionales, agricultores y pastores hasta mujeres y jóvenes.

La inclusión de las mujeres y los jóvenes, de acuerdo con las recomendaciones de las Directrices sobre la Tenencia, ha supuesto un cambio sustancial en las normas de género que se dan en la organización comunitaria. Tradicionalmente, los hombres han ocupado puestos de autoridad como jefes, cabezas de familia y representantes locales con poder para asignar tierras. Sin embargo, se ha comprobado que a menudo esto ha dado lugar a abusos de poder y ha facilitado la incautación de tierras comunitarias para procesos de inversión y urbanización a gran escala. Al mismo tiempo, aunque las mujeres son las más afectadas por estas decisiones, ya que son las responsables de los cuidados reproductivos y de recoger el agua, madera y alimentos de la tierra y los bosques, tradicionalmente han sido excluidas de los procesos de toma de decisiones y se les ha impedido expresar sus opiniones en público.

Durante las movilizaciones, la CMAT se aseguró de que las mujeres y los jóvenes participaran en las sesiones públicas. Como resultado, estos grupos ganaron confianza y expresaron de forma más clara sus experiencias de opresión, discriminación y acaparamiento de tierras. Esto ha llevado a un cambio en la autopercepción de las mujeres y en la comprensión de sus derechos humanos. Las mujeres ya no se ven como víctimas, sino como protagonistas, y han empezado a colaborar activamente con las autoridades públicas en la gestión de las tierras comunitarias. Por lo tanto, los derechos consuetudinarios se han reevaluado para incluir las perspectivas de las mujeres y los/las jóvenes en la gestión de los recursos naturales y para garantizar la equidad y la justicia social para todos los miembros de la aldea.

Las comisiones de tierras inclusivas han sido muy eficaces para detener las expropiaciones y las actividades extractivas como la minería y la extracción artesanal de oro en tierras de cultivo. También han frenado los incendios forestales y la deforestación abusiva y han mejorado la conservación de los árboles frutales. En Mandé, este proceso ha permitido a la comunidad asegurar sus derechos sobre 3.600 hectáreas previamente designadas para la expropiación. 

La inclusión de mujeres y jóvenes representó un cambio sustancial en las normas de género que se dan la organización comunitaria, en línea con las recomendaciones de las Directrices de Tenencia

Mujeres malienses en un encuentro comunitario. © FIAN International

Este artículo ha sido posible gracias al apoyo e información proporcionados por UACDDDD-MALI y CMAT.