Realizar el derecho a la tierra es fundamental para abordar las actuales crisis interconectadas

La tierra, junto con otros recursos naturales, son el sostén de la vida de comunidades en todo el mundo. Estas son, al mismo tiempo, las mejores guardianas de esos ecosistemas. Sin embargo, el control corporativo sobre la tierra y los recursos naturales están en la base del modelo económico dominante actual, que ha desencadenado una nueva oleada de acaparamiento, especulación y concentración de tierras, lo que ha provocado un despojo masivo y la destrucción de los ecosistemas. Las organizaciones sociales han venido luchando por el derecho a la tierra, logrando así algunos hitos importantes como las Directrices de Tenencia de la Tierra. Sin embargo, ante las múltiples crisis interconectadas que están afectando a millones de personas en todo el mundo, garantizar la distribución equitativa de la tierra  debe estar en el centro de las políticas públicas y climáticas.

La concentración de la tierra está en el centro de las múltiples crisis medioambientales, sociales y económicas a las que nos enfrentamos hoy en día. En las dos últimas décadas, una fiebre mundial por la tierra ha conducido a altos niveles de acumulación de riqueza en manos de unos pocos y al creciente poder de los actores financieros , lo que ha provocado el despojo masivo de comunidades de sus territorios, la destrucción de ecosistemas y niveles insostenibles de concentración de la tierra en todo el mundo.

Para dar algunas cifras, en los últimos diez años, los inversores internacionales han llevado a cabo al menos 1.865 adquisiciones de tierras a gran escala (LSLC) sólo para la producción agrícola, acaparando una superficie de 33 millones de hectáreas, el tamaño de Italia o Filipinas. Por otra parte, investigaciones recientes confirman lo que las organizaciones de pequeños productores de alimentos y los Pueblos Indígenas vienen denunciando desde hace tiempo, a saber, que la desigualdad de la tierra es aún mayor de lo que indican las estadísticas oficiales. El 1% de las explotaciones agrícolas de todo el mundo controla el 70% de la tierra cultivable, mientras que el 50% de la población rural más pobre utiliza el 3% de la tierra. La agricultura industrial a gran escala nutre un sistema alimentario mundial controlado por las empresas transnacionales, que no ha logrado evitar las crisis alimentarias consecutivas, lo que ha provocado niveles crecientes de hambre y malnutrición.

Históricamente, la tierra y los recursos naturales han sido altamente disputado. Los actores poderosos han acumulado continuamente tierras y recursos naturales para dominar, excluir y explotar, como en el caso del colonialismo. Sin embargo, los niveles actuales de concentración de la tierra son un indicador clave de las profundas desigualdades estructurales, la opresión y la discriminación en nuestras sociedades, que están en el centro de las actuales crisis interconectadas

Además, la tierra, junto con los recursos naturales como los océanos, los ríos y los bosques, son la base misma de la vida para comunidades campesinas, Pueblos Indígenas, comunidades pescadoras a pequeña escala, comunidades pastoriles y habitantes de los bosques. No sólo proporcionan medios de subsistencia a través de la producción de alimentos, sino que cumplen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas cruciales. Al mismo tiempo, estas comunidades desempeñan un papel clave en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales, que alimentan a más del 70% de la población mundial, y contribuyen significativamente a proteger los ecosistemas, enfriar el planeta y conservar la biodiversidad.

Los niveles actuales de concentración de la tierra son un indicador clave de las profundas desigualdades estructurales, la opresión y la discriminación en nuestras sociedades, que están en el centro de las actuales crisis interconectadas.

Credit: Quang Nguyen Vinh

Por eso, ante tal emergencia, las organizaciones de pequeños productores de alimentos, Pueblos Indígenas, comunidades pescadoras artesanales y pastoriles, habitantes de los bosques y la sociedad civil se han unido para reivindicar la centralidad del derecho a la tierra en las políticas públicas y climáticas, y exigir la inclusión de la reforma agraria como parte de las soluciones a la crisis medioambiental, social y económica.

Para ello, en mayo de 2022, esta alianza de organizaciones emitió una declaración internacional denominada “Pertenecemos a la Tierra”, que señala la importancia de devolver la tierra a las comunidades que sostienen y protegen sus territorios y ecosistemas, contribuyendo a unos sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

La publicación de esta serie sobre Luchas por la Tierra también pretende poner de nuevo el derecho a la tierra en la agenda política. Los estudios de caso en esta página web muestran las luchas de las comunidades por sus tierras, pesquerías y bosques, y subrayan los mecanismos y estrategias internacionales y nacionales que pueden utilizarse para defender el derecho a la tierra. Por último, ilustran cómo la realización del derecho a la tierra es una parte fundamental para lograr la transformación sistémica más apremiante de la actualidad.

La declaración Pertenecemos a la Tierra y la colección Luchas por la Tierra es una contribución más a las largas luchas de los pueblos por sus tierras, océanos, ríos, bosques y formas de vida basadas en la naturaleza. En el pasado, estas luchas han dado lugar a un mayor reconocimiento de la inextricable conexión entre sus territorios y los derechos humanos. La tierra ha sido reconocida como un derecho humano en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

La declaración Pertenecemos a la Tierra y la colección Luchas por la Tierra es una contribución más a las largas luchas de los pueblos por sus tierras, océanos, ríos, bosques y formas de vida basadas en la naturaleza.

Además, en mayo de 2012, las organizaciones sociales aplaudieron la adopción de las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (Directrices sobre la Tenencia de la Tierra) por parte del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que proporcionan orientaciones detalladas sobre cómo se supone que los Estados deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar los derechos de todos a la tierra y otros recursos naturales, con especial atención a las comunidades vulnerables.

Sin embargo, la aplicación de estas directrices no ha sido un proceso sencillo y, diez años después, persisten muchos de los factores estructurales de la desposesión de la tierra. La presión popular, la movilización, la formación y la organización son los componentes que dan vida a estos documentos políticos y los hacen relevantes en la búsqueda de un cambio social de abajo arriba. Por ello, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) elaboró un Manual Popular y una Guía de Aprendizaje para ayudar a los movimientos sociales, los Pueblos Indígenas y las organizaciones de la sociedad civil a utilizar las Directrices para impulsar sus luchas, como en el caso de Malí.

Sin embargo, la mayoría de los programas implementados por gobiernos e instituciones internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han tendido a centrarse en enfoques y medidas técnicas sin abordar las causas estructurales del despojo, la concentración de la tierra y la destrucción de los ecosistemas, como el caso del fracaso de la reforma agraria en Colombia tras el Acuerdo de Paz de 2016.

La aplicación de estas directrices no ha sido un proceso sencillo y, diez años después, persisten muchos de los factores estructurales de la desposesión de la tierra.

© Brazil Topno

El Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios atribuye el fracaso de las Directrices de Tenencia de la Tierra para producir un cambio transformador hasta ahora a tres cuestiones principales:

1. Falta de priorización de los grupos marginados, como se indica en el párrafo 1.1 de las Directrices de Tenencia de la Tierra. En su lugar, los gobiernos han seguido a menudo políticas que promueven acuerdos corporativos sobre la tierra y enfoques basados en el mercado, socavando así el control de las comunidades y los pueblos sobre sus tierras, pesquerías, bosques y territorios.

2. Rara vez se han abordado las cuestiones estructurales. Los Estados, las instituciones internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales han tendido a aplicar una interpretación estrecha de la tenencia de la tierra, centrándose en el “acceso a la tierra”, sin tener en cuenta los derechos humanos interrelacionados, incluido el derecho a la alimentación y la nutrición y los derechos de las mujeres y los jóvenes. Además, la tenencia se considera mayoritariamente como “propiedad privada” y como un derecho individual, en lugar de un derecho social que protege los sistemas de tenencia comunitarios y consuetudinarios para garantizar la distribución equitativa de la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales.

3. Falta de aplicación coherente de los derechos humanos en la gobernanza de la tenencia de la tierra, así como en las políticas intersectoriales. La tierra, la agricultura, la pesca, la inversión, el comercio, las finanzas, el cambio climático y la biodiversidad son cuestiones interrelacionadas que deben abordarse de manera integral, con un enfoque basado en los derechos humanos.

La realización del derecho a la tierra y la aplicación de las Directrices de Tenencia de la Tierra también se han visto limitadas por viejos y nuevos retos que han generado crisis agravadas e interrelacionadas. En concreto, la financiarización de la tierra y otros recursos comunitarios tras la crisis económica mundial de 2008 ha dado lugar a una oleada de acaparamiento y despojo de tierras. Las comunidades han perdido el acceso y el control sobre sus territorios en beneficio de poderosas corporaciones, actores financieros e individuos ultra ricos.

Los efectos del cambio climático y las falsas soluciones basadas en el mercado (como las compensaciones de carbono, la geoingeniería, el carbono azul, las “soluciones basadas en la naturaleza”, etc.) han socavado aún más el derecho de las comunidades a la tierra. Además, la tenencia y los sistemas alimentarios locales se han visto alterados por la pandemia de la COVID-19 y los conflictos armados, lo que ha exacerbado el hambre y la malnutrición. Al mismo tiempo, la criminalización de los defensores del derecho a la tierra va en aumento, especialmente bajo gobiernos neoliberales y de extrema derecha.

La digitalización en el contexto de la tierra y los recursos naturales también plantea nuevas amenazas al derecho a la tierra de las personas y las comunidades, perpetuando dinámicas de exclusión, desposesión y concentración de la tierra. La aplicación a gran escala de la digitalización dirigida por las empresas abre las compuertas a la financiarización y el control de toda la cadena de valor agrícola por parte de conglomerados de empresas agroindustriales y las BigTech.

Retos antiguos y nuevos han generado crisis agravadas e interrelacionadas que afectan gravemente al derecho de las personas a la tierra y a otros derechos relacionados para un sustento digno.

Mujer Indígena de Sri Lanka recogiendo té.

Todas las realidades y dinámicas descritas indican claramente que es necesaria una profunda transformación para que las economías y los sistemas alimentarios del mundo sean más justos y sostenibles. La realización del derecho a la tierra es primordial para lograr este objetivo. Esto implica garantizar efectivamente los derechos de tenencia de las personas, en particular los sistemas de tenencia colectivos y/o consuetudinarios, así como asegurar una distribución equitativa de la tierra a través de reformas agrarias.

La orientación normativa contenida en el UNDROP, la UNDRIP y las Directrices de Tenencia de la Tierra debería utilizarse para superar los factores estructurales que subyacen a las desigualdades sociales y la destrucción ecológica. La realización del derecho a la tierra y la implementación de una gobernanza de los recursos naturales basada en los derechos humanos allanarán el camino hacia soluciones de abajo a arriba y centradas en las personas para crear modelos sociales y económicos sostenibles, saludables y justos.

Por ello, los firmantes de la declaración Pertenecemos a la Tierra planteamos una serie de exigencias clave a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas para hacer avanzar la soberanía alimentaria y su potencial transformador para construir un mundo en el que se hagan realidad los derechos de todas las personas a una alimentación adecuada, sana y culturalmente apropiada. A saber:

1. Respetar, proteger y garantizar los derechos de tenencia de las comunidades, incluidos los sistemas colectivos y consuetudinarios.
2. Acabar con el latifundio mundial y promover una distribución justa y sostenible de la tierra y los recursos naturales.
3. Impedir la captura de tierras y territorios por parte de actores corporativos y financieros.
4. Acabar con la discriminación estructural que sufren las mujeres, los jóvenes y otros grupos desfavorecidos.
5. Cancelar la deuda ilegítima e insostenible.
6. Hacer de la reforma agraria un elemento central de las políticas contra el cambio climático y para fomentar la biodiversidad.
7. Asegurar que la digitalización relacionada con la tierra respeta los derechos humanos y garantiza el control de las personas sobre sus datos y territorios.
8. Proteger a las comunidades y grupos que defienden colectivamente sus tierras y ecosistemas.

Además, hacemos un llamamiento a la FAO para que asuma el liderazgo en la organización de otra Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria, con el fin de coordinar una respuesta global a los crecientes e insostenibles niveles de concentración de la tierra y los recursos naturales en manos de unos pocos actores poderosos.

La realización del derecho a la tierra es primordial para que las economías y los sistemas alimentarios del mundo sean justos y sostenibles. Las orientaciones normativas contenidas en el UNDROP, la UNDRIP y las Directrices de Tenencia deberían utilizarse para superar los factores estructurales que subyacen a la desigualdad social y la destrucción ecológica.